Analizando algunos hechos ocurridos en los 38 días que han transcurrido de 2014 se tiene una radiografía de lo que persigue la tergiversada política de Estado, en materia de seguridad y administración de justicia, en tiempos de esta revolución castrocomunista.
A principios de 2014, el Observatorio Venezolano de Violencia reportó que Venezuela terminó con el trágico récord de 24.763 homicidios en 2013 (unas 79 por cada 100 mil habitantes), sumando ya más de 200.000 las víctimas de violencia en los tres quinquenios de los gobiernos de Chávez y Maduro.
Además reveló el OVV que alrededor del 98% de estos homicidios queda impune y sin detenidos, lo cual genera una percepción de impunidad en los delincuentes con el convencimiento de que tienen una patente de corso para seguir delinquiendo.
Ahora, el gobierno anuncia otro Plan de Pacificación, mientras se jacta de los supuestos buenos resultados de un Plan Patria Segura 2013-2018 activado por Maduro recién montado en la Presidencia, y que se adicionan a los 22 planes de seguridad anunciados en los últimos 15 años sin resultado alguno para cumplir con el deber constitucional del Estado de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de los ciudadanos. Un fracaso que se debe a que son planes desarticulados, improvisados, mal concebidos y anacrónicos. Entre otros, por cuanto no incluyeron las apropiadas reformas a los penitenciarios, la policía y los tribunales.
Aquí surge una pregunta ¿Es por impericia de los gobernantes o simplemente los resultados son buscados ex profeso para utilizar el miedo a la delincuencia y el auto enclaustramiento que ello genera en el ciudadano como una política control social.
Es por decirlo ligero, muy capcioso que Chávez y Maduro hayan tenido una posición indiferente y blandengue sobre una problemática que está entre las principales preocupaciones del venezolano. Más aún, cuando en muchas ocasiones han dado excusas a la delincuencia para continuar su batalla sangrienta. Han dicho estos mandatarios que éstos deberían ser llamados no malandros sino “bienlandros”, alegando que quien delinque es producto del capitalismo salvaje, que son resultado de los 40 años del puntofijismo, e incitados por los juegos de video o a las telenovelas, entre otras ligerezas sin contenido ni sustento.
El colmo ha llegado, cuando la población de Ocumare del Tuy y Polilander (la policía del municipio) fueron sitiados durante tres días por los colectivos violentos dotados de armas de guerra sin que actuasen las fuerzas de seguridad del Estado, y sin que hasta ahora se conozca de algún detenido o enjuiciado por estos hechos.
Es vergonzoso, para decir lo menos, que se use guante blanco se para el trato de quienes están desangrando a la República, mientras que se acorrala, ataca con violencia, segrega, enjuicia y encarcela al ciudadano de paz, que reclama derechos civiles consagrados en la Constitución, como son el de la vida, el trabajo digno, la libertad de protesta y de expresión.
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