Si el escenario en que la oposición debe compartir el supuesto diálogo con el gobierno es el de un país donde la vida vale bien poco, la economía está en ruinas y practicamente todo marcha torcidamente, después del período probablemente más propicio al desarrollo y el bienestar colectivo que haya conocido nunca el país, necesariamente surge un estado de ánimo muy natural que es el rechazo de la impunidad de los causantes de semejante desastre.
Tanto más en la medida en que éstos mantienen una retórica absurda y balurda de supremacía moral, trompetas históricas, insólita inversión de culpas y culto necrológico al padre mayor de la criatura.
Por supuesto una negociación de la naturaleza de la planteada en Venezuela supone una dosis de olvido de las partes de un pasado de enfrentamientos y de las causas de éste. Casi se diría que es la condición primera para que ésta tenga lugar. Esos entendimientos miran al futuro, a recobrar la paz y la estabilidad que propicia mañanas más vivibles. pero es también evidente que quien ha conducido, de la manera más totalitaria, la vida del país durante un ya muy prolongado lapso y continúa en el ejercicio del poder no sólo está en el deber de restituir el ejercicio pleno del Estado de Derecho, sino también debe eliminar y castigar legalmente a aquellos factores que han sido y son parte sustancial del problema, digamos que contribuir a instalar criterios de honestidad administrativa, para limitarnos a la economía.
Un ejemplo evidente, reiterado por mucho, es Cadivi. Altos personajes del gobierno han señalado que este indeseable organismo ha sido la fuente mayor de la descomunal corrupción reinante. Y no deberían caber muchas dudas de que el régimen chavista que instaló y protegió esa ruta abierta hacia la corrupción, que dejó que florecieran los más aberrantes ilícitos que enriquecieron a funcionarios venales y mercaderes amigos, no sólo debe desmontarla, sino que debe enfrentar a todos aquellos que, apenas ayer, desataron la catástrofe. En otras palabras, entregar la lista que permita detectar las empresas de maletín que sustrajeron de la riqueza colectiva cantidades del orden de decenas de miles de millones de dólares, tal como señalaron Giordani y Edmée Betancourt, para citar testimonios inobjetables. Tanto más que el Gobierno ha querido atribuirle nuestras desgracias económicas a otros, los inasibles gestores de una guerra económica. Todo lo cual lo hace perder toda credibilidad y propósito de enmienda que supone, cristianamente, cumplir las debidas penitencias.
Para no salir del plano económico también pareciera obvio que el Gobierno que dice melosamente, a veces en todo caso, abrir su corazón lleno de paz y amor a la reconciliación debería cambiar un gigantesco gabinete lleno de no pocos fósiles que han sido responsables del cataclismo nacional. Y no lo que recientemente hizo Maduro: enroscar, signo inequívoco además de piratería porque en mundo de especialistas uno no puede brincar de un saber a otro; militarizar, porque algo hay que saber: nombrar un importante ministro que el aliado PCV tilda de corrupto, sin aclaratoria alguna; practicar el nepotismo; nombrar una ministra de información sin el don de la palabra; hacer brincar a Merentes de aquí para allá con velocidad pasmosa o mantener a Giordani momificado, mudo, gran gestor de las políticas nefastas, etc, etc. No es mucho pedir ese refrescamiento que traiga nuevas ideas, y caras limpias.
Por supuesto, hay mucho más que implica la rectificación. Claro, si ese fuese el caso, de lo cual habría que convencer.
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