No hay nadie que pueda desdecir la realidad de Venezuela: La economía está en estado catatónico grave, desvaría, es incoherente y entró en la fase de parálisis.
Aún sin conocer las cifras económicas oficiales del primer trimestre, se estima que la contracción económica puede haber sido 5,5% en este período. Porcentaje similar habría alcanzado la inflación de junio, la cual acumula en los últimos 12 meses 62,5%, sin vislumbrase posibilidades de que disminuya en los meses por venir. Muchos analistas sugieren que el país marcha hacia una hiperinflación.
El gobierno ya no tiene a mano una industria petrolera capaz de seguir produciendo las divisas suficientes para pagar las importaciones de bienes y servicios que se necesitan, mucho menos, las deudas vencidas. Ni tampoco puede seguir recurriendo a nuevos endeudamientos para cubrir las carencias. Los proveedores extranjeros tradicionales se niegan a suministrar bienes o servicios a Venezuela porque aún no se han pagado los envíos anteriores, muchos de los cuales ya tienen dos y tres años de atraso.
Lo más que le queda a Maduro y su corte es obtener limitados recursos adicionales pagando tasas de interés de bonos chatarra. O, tomar la decisión correcta de recurrir a un programa de ajustes, como el que se afirma elaboró un grupo encabezado por el presidente de PDVSA y vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez.
Dicho programa, se dice, incluiría (a) la unificación de los diferentes tipos de cambio vigentes en el país en Bs.25:$, o Bs.35:$; (b) el aumento de los precios de la gasolina (no han sido ajustados desde 1998) y el aumento de las tarifas del servicio eléctrico (congeladas desde 2002); (c) un paquete tributario y (d) esfuerzos para buscar la cooperación del sector privado.
Al respecto se afirma que el gobierno tendría planes para reconocerle a los antiguos propietarios de las empresas expropiadas participación accionaria y asignarles el control gerencial en estas (por ejemplo, Agroisleña, cementeras), o por lo menos designar dicha tarea a gerentes o inversionistas calificados.
Incluso se ha difundido extraoficialmente que el equipo de Ramírez se ha reunido y ha analizado alternativas de políticas con el Fondo Monetario Internacional, aunque ello no quiere decir que Venezuela vaya a firmar algún acuerdo con el FMI, lo que es simple y llanamente imposible desde un punto de vista político. Pero el FMI podría tal vez emitir un informe aprobando el programa de ajustes del gobierno de Maduro, lo que representaría un respaldo que animaría a los bancos internacionales e inversionistas privados a invertir en Venezuela.
Lamentablemente, este camino (el más conveniente para el país) tiene aún que sortear fuertes escollos puestos por grupos dentro del gobierno que se oponen por completo a un programa de ajustes de este tipo.
Por la otra, también hay un costo político. Las medidas propuestas probablemente no serán caerían bien entre la población y se teme que Maduro no tenga el liderazgo, el carisma, ni el apoyo popular para convencer a la población de que las reformas son un mal necesario, sin contar con la habilidad para implementarlo y administrarlo correctamente.
Hasta ahora Maduro ha andado y desandado los primeros pasos para tomar y anunciar el programa de ajustes. Hace dos semanas, amagó y afirmó que anunciaría un “sacudón económico”, para luego terminar postergándolo hasta agosto.
Lo cierto, es que el ajuste es inevitable, su demora empeorará la situación económica de Venezuela. Hoy es el momento límite para aplicarlo, de no hacerlo, el país seguiría en el curso hacia el hoyo. Ojalá, Maduro no opte por correr la arruga con los recursos que saque de la venta de Citgo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario