FL/Globovisión/Ministerio Público
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se solicitará el próximo lunes 01 de marzo, la extradición del ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, por los sucesos ocurridos el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.
En el programa de radio "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz, explicó que tal solicitud no se había realizado antes debido a que revisaba si Venezuela tenía ese tratado con el país donde actualmente se encuentra el ex mandatario.
"La solicitud de extradición no es como una orden de captura, que de pronto es librada por cualquier autoridad policial. Este tipo de medida tiene que ser solicitada a un Estado o país determinado, y el requisito indispensable para ello es saber dónde se encuentra la persona requerida. No podemos solicitar una extradición a Colombia cuando la persona está en República Dominicana", ejemplificó la Fiscal General.
"La solicitud de extradición no es como una orden de captura, que de pronto es librada por cualquier autoridad policial. Este tipo de medida tiene que ser solicitada a un Estado o país determinado, y el requisito indispensable para ello es saber dónde se encuentra la persona requerida. No podemos solicitar una extradición a Colombia cuando la persona está en República Dominicana", ejemplificó la Fiscal General.
Precisó que la Institución a su cargo tiene la información sobre el país donde se encuentra el ex Presidente.
Igualmente, detalló que la solicitud será realizada ante un Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que debe remitir la petición al Tribunal Supremo de Justicia, donde, tras revisar si estánllenos los extremos legales, se decide si otorga el requerimiento.
En caso afirmativo, luego debe remitirse el documento a la Cancillería
venezolana, organismo que a través de la vía diplomática requiere al Estado
la extradición.
Destacó Ortega Díaz que una vez que el ex mandatario esté en suelo venezolano, se realizaría una audiencia de presentación. "La única persona que puede aportar datos importantes para la investigación, en su condición de Jefe de Estado para la época, es él. Es una de la personas presuntamente involucradas por ser Jefe de Gobierno, y habría que precisar cuáles fueron las instrucciones impartidas por el ex Presidente durante esos días".
Asimismo, anunció que para la próxima semana se tiene previsto presentar el acto conclusivo contra las personas que ya fueron imputadas por los
hechos de El Caracazo.
Cabe recordar que durante los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre de 2009, los fiscales del caso imputaron a los ex funcionarios de la administración de CAP: el ex ministro de la Defensa de la época, Italo del Valle Aliegro; el general en situación de retiro, Manuel Heinz Azpúrua, ex jefe del Comando Estratégico de Caracas; el general de la Guardia Nacional (GN) en situación de retiro, Freddy Maya Cardona, ex jefe del Comando Regional N°5, y el ex director de la Policía Metropolitana, general retirado de la GN, José Rafael León Orsoni.
Igualmente, detalló que la solicitud será realizada ante un Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que debe remitir la petición al Tribunal Supremo de Justicia, donde, tras revisar si estánllenos los extremos legales, se decide si otorga el requerimiento.
En caso afirmativo, luego debe remitirse el documento a la Cancillería
venezolana, organismo que a través de la vía diplomática requiere al Estado
la extradición.
Destacó Ortega Díaz que una vez que el ex mandatario esté en suelo venezolano, se realizaría una audiencia de presentación. "La única persona que puede aportar datos importantes para la investigación, en su condición de Jefe de Estado para la época, es él. Es una de la personas presuntamente involucradas por ser Jefe de Gobierno, y habría que precisar cuáles fueron las instrucciones impartidas por el ex Presidente durante esos días".
Asimismo, anunció que para la próxima semana se tiene previsto presentar el acto conclusivo contra las personas que ya fueron imputadas por los
hechos de El Caracazo.
Cabe recordar que durante los meses de julio, agosto, septiembre y
octubre de 2009, los fiscales del caso imputaron a los ex funcionarios de la administración de CAP: el ex ministro de la Defensa de la época, Italo del Valle Aliegro; el general en situación de retiro, Manuel Heinz Azpúrua, ex jefe del Comando Estratégico de Caracas; el general de la Guardia Nacional (GN) en situación de retiro, Freddy Maya Cardona, ex jefe del Comando Regional N°5, y el ex director de la Policía Metropolitana, general retirado de la GN, José Rafael León Orsoni.
Otras investigaciones
La Fiscal General, también informó que además de los 336 casos que esta
investigando el Ministerio Público a propósito de los hechos de El Caracazo, los fiscales adelantan las diligencias para determinar las responsabilidades penales respecto a los lesionados, desapariciones, torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante esos días.
"Y además estamos investigando porqué en la morgue, incluso en el Cementerio General del Sur, permitieron enterrar los cadáveres sin los protocolos que establece la Ley. Hay un procedimiento para ingresar y otro para retirar los cadáveres de la medicatura forense e igualmente hay un procedimiento para inhumar o enterrar un cuerpo en el Cementerio", indicó Ortega Díaz.
Se preguntó porqué durante la fecha de los hechos conocidos como El Caracazo, las autoridades de la morgue y del Cementerio General del Sur, permitieron que ocurrieran irregularidades.
Reconoció que un elemento inexorable como es el tiempo atenta contra la investigación en general, por lo que aprovechó para emplazar al Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic) a entregar la información que poseen sobre los familiares a fin de terminar de identificar a los 47 cuerpos que ya fueron individualizados.
Con relación al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se sostiene que en Venezuela hay "serias restricciones al
pleno goce de los derechos humanos en el país", lo calificó de agresor, pues este documento se difunde por todo el mundo.
"El informe constituye una agresión al Estado venezolano porque difama, ofende y atenta contra el Estado venezolano y lo que señala nuestra Constitución en su artículo 2, el cual establece que Venezuela se constituye en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, que propugna como valores fundamentales en su ordenamiento jurídico, la libertad, la vida, la igualdad, la solidaridad, el bien común y el respeto a los derechos", acotó Ortega Díaz.
La Fiscal General, también informó que además de los 336 casos que esta
investigando el Ministerio Público a propósito de los hechos de El Caracazo, los fiscales adelantan las diligencias para determinar las responsabilidades penales respecto a los lesionados, desapariciones, torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante esos días.
"Y además estamos investigando porqué en la morgue, incluso en el Cementerio General del Sur, permitieron enterrar los cadáveres sin los protocolos que establece la Ley. Hay un procedimiento para ingresar y otro para retirar los cadáveres de la medicatura forense e igualmente hay un procedimiento para inhumar o enterrar un cuerpo en el Cementerio", indicó Ortega Díaz.
Se preguntó porqué durante la fecha de los hechos conocidos como El Caracazo, las autoridades de la morgue y del Cementerio General del Sur, permitieron que ocurrieran irregularidades.
Reconoció que un elemento inexorable como es el tiempo atenta contra la investigación en general, por lo que aprovechó para emplazar al Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic) a entregar la información que poseen sobre los familiares a fin de terminar de identificar a los 47 cuerpos que ya fueron individualizados.
Con relación al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se sostiene que en Venezuela hay "serias restricciones al
pleno goce de los derechos humanos en el país", lo calificó de agresor, pues este documento se difunde por todo el mundo.
"El informe constituye una agresión al Estado venezolano porque difama, ofende y atenta contra el Estado venezolano y lo que señala nuestra Constitución en su artículo 2, el cual establece que Venezuela se constituye en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, que propugna como valores fundamentales en su ordenamiento jurídico, la libertad, la vida, la igualdad, la solidaridad, el bien común y el respeto a los derechos", acotó Ortega Díaz.
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