Hace más de dos años el gobierno limitó la importación legal de equipos móviles, lo que generó contrabando. Operadores, Conatel y la AN someterán a Consulta Pública una Providencia que busca bloquear los equipos robados en el país
Por: William Peña/TalCualDigital
El robo de celulares en Venezuela entró en la agenda del Gobierno Nacional a través de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que, junto a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel y los operadores móviles, comienzan a articular mecanismos para disminuir un problema que se ha extendido a todo el país y que, además, se ha convertido en prácticamente el mayor delito cometido, pues siete de cada 10 robos son celulares.
Pero la intención, que se materializará en un mes cuando finalice una Consulta Pública sobre una Providencia Administrativa que se iniciará el próximo jueves 21 de julio a través del portal de Conatel (www.conatel.gob.ve) y que creará las líneas de acción, con aportes de cualquier venezolano que desee opinar, debe ser profundizada y analizada desde todos los ángulos.
Y es que desde hace poco más de dos años, cuando la crisis económica mundial llegó al país, el Gobierno Nacional limitó la importación legal de equipos móviles a través de los operadores y, desde allí, se gestó un mercado alterno de ingreso de teléfonos, sobre todo de gamas Altas y Premium, entre ellos Blackberry, los más demandados y robados, que generó una distorsión en el mercado, tanto en precios como en regulación.
"La llegada de esos equipos, no sólo afectó las redes móviles, sino que además, generó un impacto en el costo de los teléfonos para los usuarios finales, creó un mercado especulativo y, por limitación en la importación de móviles para los operadores, los consumidores tuvieron que adherirse a ese mercado, mientras que otros, usando sus cupos Cadivi, importaron sus propios teléfonos, la mayoría de ellos equipos viejos que siguen generando impacto en las redes y limitan la expansión de servicios a otras tecnologías más avanzadas", comenta una fuente del sector.
Es por ello que las partes estructurales en acción, entiéndase operadoras móviles, Comisión de la AN y Conatel, tienen el deber de crear mecanismos para, también, frenar el ingreso de equipos vía mercado gris que ni siquiera pagan impuestos, pero que se ha convertido en un negocio para un grupo de pequeños comerciantes que tienen el éxito de la venta asegurada, pero a los que poco les importa si los teléfonos son legales o no. Además, el grupo debe intentar crear mecanismos de regulación de importación de móviles a través del Sitme, pues muchos de ellos, son comprados no a fabricantes ni distribuidores directos, sino a terceros que obtienen los teléfonos por vías no legales.
Y es que, muchos de los móviles robados son equipos sin garantías ni regulación, que fueron adquiridos por venezolanos confiados en el vendedor y que, cuando son hurtados y llaman al operador, éste no puede hacer nada, pues el teléfono no proviene de fuente segura. Es decir, que el equipo robado puede ser activado nuevamente.
Hace poco más de seis meses, RIM, el padre de Blackberry, desconectó unos 40 mil teléfonos en Movistar, todos ellos equipos robados o comprados en mercado internacionales a vendedores no legales, generando así frustración en los usuarios con la operadora, sin saber éstos que, la culpa, en la mayoría de los casos, estuvo en la decisión de compra y en el canal que usaron para obtener su teléfono de moda.
Entre las propuestas que se someterán a Consulta está el bloqueo del código IMEI del equipo robado, para que no pueda ser usado más, por lo menos en Venezuela. Además, los operadores se pasarán las listas de equipos robados, por lo menos, dos veces al día y se comprometieron a crear un software, con un plazo de 90 días, que identifique el IMEI del equipo legalmente ingresado al país y, en caso de robo, el teléfono, sea cual sea comprado en un operador, será bloqueado totalmente.
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