La diputada del Parlatino, Delsa Solórzano, calificó de irresponsable la primera decisión de la ministra Iris Varela, al eliminar el ingreso de presos a las cárceles venezolanas.
La parlamentaria cuestionó que si bien los sitios de reclusión no son aptos para ningún ciudadano, una vez condenados, “¿adónde serán llevados si están suspendidos los ingresos al penal?”.
A su juicio, la primera orden que debía emitir Varela era la descentralización de las prisiones ya que las cárceles deben estar en manos de las gobernaciones y alcaldías y no en el poder del Gobierno.
Además de que los únicos que deben tener la potestad de decidir sobre la privativa de libertad de un ciudadano son los jueces y no el poder Ejecutivo. “Los fiscales del Ministerio Público solicitan ante un tribunal que una persona sea puesta en libertad o se le otorgue determinadas medidas condicionales a su libertad y son los jueces los que deciden, no puede decir el poder Ejecutivo si van o no presos”, destacó.
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