Por: VenEconomía
Desde hace casi 13 años el Gobierno ha venido implantando una "política" para el sector agropecuario, soportada en expropiaciones y confiscaciones, bajo el supuesto de garantizar la soberanía alimentaria, así como supuestamente para democratizar y humanizar el campo.
Pero, los resultados revelan que en ambos supuestos, esa política va a la inversa. Ni soberanía alimentaria ni democratización ni humanización están a la vista. La realidad muestra que toda propiedad que ha tomado el Ejecutivo Nacional al poco tiempo deja de ser productiva.
Es el caso de las tierras y hatos en plena producción que expropiaron o confiscaron en la primera fase del proceso utilizando diferentes argumentos y amparados en los decretos zamoranos dictados desde 2002. Como ejemplo del daño que ha originado esta política expoliadora de las tierras privadas, basta ver el estado en que se encuentran los otrora pujantes, Hato La Marqueseña y Hato El Frío, por citar sólo dos de los cientos confiscados.
No conforme con destruir el campo, el Gobierno pasó a una segunda fase y comenzó a expropiar a industrias del ramo, entre otras, Agroisleña tomada por el INTI desde hace un año. Ésta era una de las más importantes distribuidoras de semillas e insumos agroquímicos del país, que además apoyaba a unos 18.000 productores con créditos. Hoy Agropatria, la estatal que suplantó a Agroisleña, ya no suple a los productores con semillas ni les otorga créditos. Éstos actualmente tienen que recurrir a proveedores más costosos.
Ahora el Ejecutivo dio un nuevo paso y avanzó en la tercera etapa destructora: Expropiar instituciones capacitadoras de técnicos y profesionales del agro.
La semana pasada alegando el rescate de "tierras por inconformidad de uso", el Instituto Nacional de Tierras (INTI) arremetió en contra del Instituto Universitario Experimental de Tecnología y Agricultura Simón Bolívar (IUETA SB), ubicado en el estado Barinas, perteneciente a la Asociación Internacional Colegios del Mundo Unido, cuyo presidente honorario es Nelson Mandela.
Así, siguiendo el plan de ataque de costumbre, el INTI y un grupo de "campesinos" afectos al chavismo tomaron parte de las tierras de la finca-escuela del Instituto, afectando la capacitación de jóvenes venezolanos y condenando a la desaparición a un instituto donde más de 1.000 estudiantes se han formado desde hace 25 años y donde han egresado como técnicos superiores.
El afán destructor del Gobierno deja al país sin producción nacional, sin empresas, sin empleos productivos y para colmo pasa a eliminar las fuentes de capacitación.
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