La prensa nacional trae tres preocupantes noticias que le dan palo a los derechos humanos, tanto en el mundo como en Venezuela.
La primera con la aprobación, por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), de una serie de recomendaciones que limitarían el funcionamiento y la autonomía de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y en particular la de su Relatoría para la Libertad de Expresión.
Las recomendaciones, promovidas en su mayoría por los gobiernos más cuestionados por la CIDH, restringirían los criterios de otorgamiento de las medidas cautelares, cambiarían los procedimientos de verificación del cumplimiento del respeto a los derechos humanos y modificarían el Informe Anual de la CIDH, con el cual se evalúa a los países de la región. Todo ello tiende a que se dificulte cada vez más la aplicación de sanciones a los estados infractores y se complique la protección de los ciudadanos afectados.
La segunda, procede de la red social Twitter al anunciar que a partir de hoy entrará en vigencia un sistema de censura que “retendrá contenido de usuarios en países específicos”, para impedir “que mensajes que puedan resultar inadecuados en algunas culturas o países puedan estar al alcance de los usuarios en los territorios afectados”.
Éste es un duro e inaceptable golpe a la libertad de expresión, más duro aún por venir de una herramienta que fue clave para los manifestantes de Egipto, Túnez y demás naciones árabes, para dar a conocer al mundo los sucesos que llevaron al derrocamiento de algunas de sus dictaduras.
]La tercera, llega desde la Asamblea Nacional venezolana con el anunció de que este 31 de enero entrará en Plenaria, para su aprobación, el proyecto de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Esta nueva ley comunista, introduce en su artículo 4 modificaciones a los conceptos de “acto terrorista, delincuencia organizada y organización terrorista”, tan ambiguos y discrecionales que criminalizarían la protesta y la crítica al gobierno.
De aprobarse la Ley tal como está, será considerada “terrorista” toda “conducta individual o asociativa, de acción u omisión, destinada a subvertir el orden constitucional de un país, alterar gravemente la paz pública, intimidar a una población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Además de que impone la “obligatoriedad de reportar actividades sospechosas”, desempolvando la engavetada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que se conoció como “ley sapo”.
Es decir, ¿protestar por reivindicaciones sociales como el derecho a la vivienda, al trabajo, o políticas de seguridad ciudadana será terrorismo en la Venezuela de Chávez?
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