El caso Pudreval camina peligrosamente hacia terrenos de la impunidad y el olvido. Para quienes denunciaron la pérdida de más de 100 mil toneladas de alimentos, importados por la empresa filial de Pdvsa, y que el TSJ ha querido eludir disimuladamente, el otorgamiento de la libertad condicional de los tres ex funcionarios de Pdval, mediante una medida cautelar que les prohibe salir del país.
Los tres funcionarios, únicos en ser señalados de este crimen que según los denunciantes dejó altas ganancias económicas a muchos importadores asociados al oficialismo, permanecieron 18 meses detenidos en la sede de Sebin de Naguanagua, Carabobo.
Neidy Rosal, diputada de Proyecto Venezuela, no entiende cómo, tras 18 meses de haber iniciado este proceso, aparece la figura de táctica dilatoria de la Fiscalía y del Ministerio Público por no iniciar el juicio.
“Ha habido 24 diferimientos y suspensiones de audiencia lo que ha llevado 18 meses de demora", explica la diputada regional quien reitera su llamado a que se inicie el juicio como corresponde, oral y público, "para que los responsables de esta situación le expliquen al país por qué dejaron perder estas miles de toneladas de alimentos”.
Rosal denunció que en los puertos de Venezuela no hay plantas refrigeradoras para la comida importada y no existe un plan de distribución que contemple esta circunstancia y destacó que a estas alturas el Ministerio de Alimentación ni siquiera ha tomado las medidas correctivas de distribución y almacenamiento de toda la comida que está llegando a los diferentes puertos del país, con el agravante de que este año fueron aprobados más de 5 mil millones de dólares para la importación de más alimentos.
En tal sentido, rememoró que entre el 2009 y 2010 fueron destinados dos mil 500 millones de dólares a la compra de alimentos, de los cuales sólo aseguró se distribuyeron eficazmente el 14% y lo demás se perdió.
NDO/TalCualDigital
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