ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
Caracas.- La organización Human Rights Foundation (HRF), solicitó hoy al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de la jueza María Lourdes Afiuni por considerarla "una prisionera de conciencia del presidente Hugo Chávez" y por las arbitrariedades e irregularidades que ha cometido el Tribunal Supremo de Justicia en su caso.
Basados en un informe sobre el caso Afiuni que ha sido presentado a organizaciones internacionales de derechos humanos, HRF asegura que la magistrada "fue detenida, encarcelada y juzgada exclusivamente por haber dictado una medida judicial que molestó al Poder Ejecutivo en Venezuela".
"En marzo de 2007, el presidente Chávez ya había afirmado públicamente que 'ningún juez podía estar y actuar a espaldas de la revolución y el líder de la misma'. Con el arresto de la jueza Afiuni, el mensaje del gobierno venezolano fue claro: el juez que actúe 'a espaldas' de Hugo Chávez tiene pena de cárcel", expresó Thor Halvorssen, presidente de HRF, quien aseguró que estas acciones contra la profesional del derecho "constituye el mayor exponente del control absoluto que el mandatario venezolano ejerce sobre el Poder Judicial de su país".
"El arresto de Afiuni Mora sentó un precedente sombrío en la historia de América Latina, pero la valentía con la que viene afrontando su proceso también ha servido para sentar un precedente de esperanza", afirmó Halvorssen.
Human Rights Foundation hace mención al delicado estado de salud de Afiuni y asevera que luego de un año de encarcelada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) donde le fue "violado su derecho a recibir atención médica", se le otorgó la medida de arresto domiciliario y continúa suspendida indefinidamente de su cargo como magistrada.
Destaca la organización internacional dedicada a defender los derechos humanos en el continente americano que María Lourdes Afiuni en protesta por el carácter "ilegal y arbitrario" de su encarcelamiento, se acogió a la "desobediencia civil" y se ha negado en reiteradas ocasiones a comparecer a las audiencias del juicio en su contra.
Según HRF, la suspensión de María Lourdes Afiuni "fue el resultado de una resolución arbitraria de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, sin notificación, audiencia o proceso disciplinario o administrativo previo contra ella".
"Durante su reclusión en el INOF, la jueza Afiuni sufrió amenazas de muerte, intentos de asesinato y acoso por otras internas, circunstancias que se agravaron por la falta de un sistema de separación de internas condenadas y no condenadas".
El informe también concluye que con estas acciones, "el Estado de Venezuela violó diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, Venezuela violó el derecho a la libertad personal de Afiuni; su derecho al debido proceso legal; el derecho a recibir un trato digno de toda persona privada de libertad, incluyendo la obligación de separación de las personas condenadas de las personas procesadas; y la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados".
"El caso de María Lourdes Afiuni puso el broche de oro al paquete de control progresivo del aparato judicial que desde 2004 implementó el presidente Chávez con el copamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela", dijo Javier El-Hage, director jurídico de HRF.
"A la luz de las recientes revelaciones de un ex magistrado del TSJ, en los próximos días HRF publicará un informe que detalla el proceso de abolición de la independencia del Poder Judicial venezolano y denuncia el estado de sumisión absoluta en el que se encuentra la justicia de ese país", agregó El-Hage.
El caso de María Lourdes Afiuni es el octavo que HRF ha documentado a través de su proyecto Caracas Nine, "el cual tiene como finalidad dar a conocer al mundo los casos de personas que son víctimas de acoso, persecución judicial o encarcelamiento por expresar opiniones críticas o ejercer sus derechos humanos contra la voluntad del gobierno venezolano".
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