Lanzada como una herramienta antiinflacionaria, la ley recién adoptada Ley de Costo y Precios Justos se trata en realidad de una camisa de fuerza introducida por el gobierno de Hugo Chávez para mantener al sector privado bajo control que agravará los desequilibrios económicos del país, resaltó un análisis de Stratfor divulgado por WikiLeaks.
La ley —que actualmente está llevando a empresas a vender sus productos a pérdida— sustituirá a corto plazo la desenfrenada inflación del país por una escasez aún más aguda. Y a la larga, estimulará a los dos fenómenos que en el fondo son síntomas del mismo problema: el incesante declive en la producción del país provocado por las insensatas políticas económicas del gobierno.
Es una situación que se profundizará con la nueva ley, que busca doblegar aún más a un sector privado visto por la “revolución bolivariana” como un refugio de la oposición.
“Está tornándose evidente que la ley es clave para los esfuerzos del gobierno por colocar mayores porciones de la economía venezolana bajo control estatal”, señaló el informe de Stratfor titulado Gobierno venezolano asume un mayor control económico.
“El probable efecto [de la ley] será una mayor distorsión de la economía, la desestabilización de los sectores de bienes y servicios, la incentivación del mercado negro y la creación de oportunidades para una mayor corrupción, además de la creación de razones para ejecutar nuevas nacionalizaciones”, sostuvo.
La ley, que comenzó a operar a inicios de este mes, contempla la introducción de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), organismo que estará encargado de evaluar la estructura de costos de los productos elaborados en el país.
Una vez elaborado el análisis, la nueva entidad establecerá una banda de precios bajo la cual los productos pueden ser vendidos en los mercados. Las compañías que violen las restricciones establecidas enfrentarán castigos que van desde elevadas multas hasta la expropiación.
La recién creada entidad introdujo sus primeras restricciones el primero de abril, ajustando los precios de 19 productos, que incluyen segmentos de higiene personal, jugos pasteurizados, compotas y agua mineral envasada, entre otros.
Al anunciar la primera lista, Chávez señaló que el Estado eventualmente controlará los precios de todos los productos elaborados en el país.
“Solo con la intervención del gobierno iremos regulando y acabando poco a poco con la locura del capitalismo. Los capitalistas solo buscan plata y más plata y esa es la razón por la cual una arepa en Caracas la venden a 40 bolívares, cuando el costo de una arepa [socialista], nosotros la vendemos, sin perder una locha —moneda de bajo valor que ya no circula en el país— en menos de diez”, declaró el jefe de Estado.
“Esta es apenas la primera etapa que incluye a 19 productos, pero seguiremos pasando revista a ropa, vehículos, alimentos, medicamentos; comenzando por lo más esencial pero hay que mirar todo, para ir reduciendo y llevando a cero la especulación, factor que influye en Venezuela en la inflación”, añadió.
Stratfor señaló que la ley coloca una nueva Espada de Damocles sobre el ya arrinconado sector privado.
El gobierno atribuye los problemas de escasez a la obra de los denominados “especuladores”, término vagamente definido que hace alusión a individuos o organizaciones que activamente intentan generar problemas de escasez en el país para fomentar el alza de los precios.
Pero el término es frecuentemente empleado contra compañías que tienen inventarios almacenados que aún no han logrado sacar al mercado.
“La amplia interpretación del término ‘especulador’ y la proclividad del gobierno para la expropiación significa que el gobierno probablemente usara la ley para tomar el control de la producción y la distribución de productos básicos”, advirtió el informe.
Uno de los factores de incertidumbre provocados por la ley es que uno de sus artículos establece que las regulaciones de Sundecop no van a cancelar necesariamente los controles de precio ya existentes.
Eso significa que los empresarios tendrán que lidiar con múltiples mecanismos de control de precio, que ya sumaban cerca de 500,000 regulaciones en vigencia, según datos del Banco Central.
Es un escenario que se presta a gran confusión para los empresarios, quienes al encontrarse en un campo minado por regulaciones poco claras y descoordinadas estarían sujetos a cometer errores que posteriormente pueden ser usados en su contra para ser expropiados, señaló el informe.
Por otro lado, la ley haría muy poco para ayudar a controlar los problemas económicos de Venezuela, país que actualmente cuenta con una de las más altas tasas de inflación en el mundo y sufre de agudos problemas de desabastecimiento, pese a su enorme riqueza petrolera.
Analistas consultados por El Nuevo Herald señalaron que estos problemas son causados por la incoherente política económica ejercida por el propio gobierno, situación que ser vería agravada con la nueva normativa.
“La ley es un gran muro de contención. No resuelve el origen del problema, que es una enorme contracción productiva”, indicó Felipe Benites, Coordinador General del Observatorio del Derecho a La Propiedad.
“Hay una contracción en la producción porque hay un déficit de confianza en las instituciones y la seguridad jurídica que repercute directamente en las inversiones. Y hay un grave problema con esta ley porque es un nuevo factor de desconfianza para los inversores”, declaró.
Esa falta de confianza del inversionista se traducirá a una producción aún menor y a su vez en una mayor escasez, pero también está atentando con la variedad y la calidad de productos que se encuentran en los anaqueles, comentó Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores.
Algo de esto puede verse en la industria del champú, producto que antes contaba con 87 marcas y 932 presentaciones diferentes.
Según León, el gobierno presentó solamente una gama de cinco precios, después de presuntamente realizar un estudio de las estructuras de costos. Pero los precios fueron asignados solo en base al tamaño del envase, otorgando el mayor precio al recipiente más grande y el menor al más pequeño.
La disposición del organismo no tomo en cuenta que el mercado contaba con productos de mayor calidad, cuya elaboración viene acompañada de una estructura de costo más elevada y mayor que la gama de precios establecida, al tratarse en realidad de un producto distinto.
Es decir, el Sundecop trató a todos los champúes como si fuesen iguales, y ese trato crea las condiciones para que así sea dentro de muy poco.
“Entonces la tendencia es hacia la desaparición de la variedad los productos. El consumidor no contará con diferentes opciones para elegir, sino que tendrá que conformarse que con lo que hay. Eso ya está ocurriendo con algunos productos muy sensibles, que fueron precisamente los primeros 19 que utilizados como monitor de la ley”, explicó León.
El Nuevo Herald
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