ROCÍO SAN MIGUEL/TalCualDigital
Contra Venezuela, desde 1.995 han ingresado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 61 casos, se han dictado 28 medidas cautelares de protección, la mayoría de ellas ignoradas por el Estado, en beneficio de periodistas, defensores de derechos humanos y personas privadas de libertad por la grave situación penitenciaria; además de haberse dictado 12 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de ellas pendientes de ejecución.
¿Qué significa esto? Que el Estado venezolano está muy mal en el respeto a los derechos humanos y el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías pretende ahora eludir su responsabilidad en el asunto, retirándose de la CIDH.
Sin duda infeliz decisión y vergonzosa excusa, que de ejecutarse tendrá un enorme costo político para el gobierno nacional y consecuencias adversas para las libertades civiles y políticas, como para el goce efectivo de derechos sociales, económicos y culturales de todos los habitantes de este país.
El Presidente de la República, ha ordenado al recién instalado Consejo de Estado estudiar la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hierra el primer mandatario si cree que esto impedirá que continúe la CIDH monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, pues para ello no se exige a un país aceptar la competencia de este órgano hemisférico, aunque ciertamente afectará las posibilidades de obtener justicia, verdad y reparación en los casos a quienes por razones políticas se les están cerrando estas posibilidades en el sistema judicial de nuestro país y que generalmente son los más vulnerables y quienes más se exponen frente a la autocracia y el poder: Victimas de los abusos de los cuerpos de seguridad del estado, defensores de derechos humanos y periodistas.
La sola idea de designar al Consejo de Estado para evaluar la salida de Venezuela de la CIDH, viola el artículo 3 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Consejo de Estado, referido a los principios rectores que orientaran la aplicación de la Ley, entre los que destaca la preeminencia de los derechos humanos.
Había una vez un gobierno que entre sus logros mencionaba el respeto de los derechos humanos y los alcances de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en esta materia.
Había una vez un Presidente recién elegido por su pueblo que acompañado del Embajador norteamericano en Venezuela John F. Maisto, acudió a la sede de la CIDH en Washington y juró saldar la deuda en materia de DDHH del país con el sistema interamericano.
Pasaron los años y ese Presidente se alejó de sus promesas, se volvió intolerante a la crítica, hasta el punto de perseguir y criminalizar la opinión política adversa.
Apartándose de los principios básicos de la democracia y del respeto a los DDHH, a la vista de los habitantes de su país, del hemisferio y del mundo. Triste epilogo para quien tanto prometió y tuvo la mayores riqueza que jamás presidente alguno manejó en toda la historia de Venezuela para honrarla.
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