XABIER COSCOJUELA / VICTOR AMAYA / TalCualDigital
El fallo de Luisa Estella Morales y sus compinches pretende legalizar algo nunca visto en el país y en el mundo: los votantes eligieron un Presidente pero quien ejercerá el mando es otra persona. Alguien por quien nadie sufragó. El pasado 7 de octubre el candidato presidencial, y por quien votó la mayoría de los venezolanos, fue Hugo Chávez, él fue el abanderado del PSUV y el resto de los partidos que le hacen comparsa en el llamado Polo Patriótico. El tarjetón mostró su cara y su nombre, no los de Nicolás Maduro ni la del resto del gabinete Ejecutivo.
Los electores no sufragaron por un equipo de gobierno o por una gestión, como dijo Luisa Estella arropándose en esa barbaridad que bautizó como "tesis del buen gobierno". Tampoco votó por un vicepresidente, que en el caso venezolano, a diferencia de otros países como Colombia y Argentina, no es elegido por el soberano. Nicolás Maduro fue nombrado dedocráticamente, como acostumbra Chávez para todos los cargos, y ejerce su posición desde hace muy poco tiempo; desde el mismo momento en que Diosdado Cabello no acató la orden de su jefe de ser el candidato a la gobernación de Monagas. Lo de no hacerle caso al mandamás viene de atrás.
La decisión del TSJ de convalidar, con la obsecuencia acostumbrada, lo que se decidió en las cúpulas del partido gobernante en compañía de la jefatura cubana incluye un detalle que lo hace más grave aún: pretenden que el permiso que la Asamblea Nacional le concedió al mandatario sea indefinido, lo que puede producir que Maduro sea presidente del país, sin haber sacado un solo voto, también por tiempo indefinido, hasta por seis años.
Maduro va camino de convertirse en un usurpador de la función presidencial, porque aunque a la cúpula oficial le moleste que algunos medios lo hayan comenzado a llamar Presidente encargado, para efectos prácticos lo es. Está ocupando una posición que no le corresponde, por mucho que él mismo invoque y asegure que lo hace para cumplir las decisiones de su jefe, que manda "a nombre de" y con su venia.
Tan es así que la carta que remitió a la Asamblea Nacional para notificar que Chávez no asistiría a la toma de posesión fue firmada por Maduro, lo que también revela la gravedad de la salud del jefe del Estado, incapaz de estampar su rúbrica.
Por ello, esta última muestra de genuflexión del TSJ llega al extremo de contradecirse con decisiones anteriores tomadas por el mismo tribunal. No hay que olvidar lo sentenciado por Francisco Carrasquero, quien hace menos de tres años, en fallo sobre la decisión de Henrique Salas Feo de juramentarse ante un tribunal, estableció que "el acto de juramentación del jefe del Ejecutivo estadal constituye una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura estadal y, por tanto, condiciona la producción de los efectos jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes políticos territoriales...".
En otra sentencia de diciembre pasado, el mismo tribunal de Luisa Estella echó por tierra la pretensión del magistrado Carlos Oberto Vélez que enarboló la continuidad para mantenerse en el cargo, pero el TSJ le respondió que "sólo es admisible la prórroga del lapso constitucional en caso de que no exista previsión para el reemplazo". La Carta Magna establece cómo suplir la falta temporal del Presidente. Pero, por una parte, el TSJ decidió que es el propio ausente el que dice y decreta si efectivamente no está; y por otra parte, el PSUV no quiso acatar el orden constitucional.
Es así como Maduro usurpa una posición que el pueblo no le dio a pesar del templete montado ayer en la avenida Urdaneta para tratar de vender una legalidad que no existe.
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