La Mesa de la Unidad Democrática solicitó al Parlamento del Mercosur y a su presidente Ignacio Mendoza que se abra un debate sobre la situación actual de Venezuela. Indicaron que se necesitan exponer las alteraciones del orden constitucional el cual a su punto de vista afecta gravemente el orden democrático en el país.
En tal sentido indicaron que la oposición tiene “razones insuficientes” para denunciar ante el mundo las “violaciones flagrantes” a la Constitución que se han cometido en el país tras presenciarse: la ausencia del Presidente Chávez en el país por más de un mes.
COMUNICADO EMITIDO POR LA MESA DE LA UNIDAD:
Señor Diputado
Ignacio Mendoza Unzain
Presidente del Parlamento del Mercosur
Estimado señor
Me permito elevar a su conocimiento, los desarrollos de una crisis política que en nuestra opinión configuran una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Venezuela.
Como es de su conocimiento, el día 10 de enero de este año culminó el mandato presidencial de 6 años que se inició el 10 de enero de 2007 y comenzó un nuevo período, conforme lo establece el artículo 231 de nuestra Constitución Nacional.
El Presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez Frías, debió prestar juramento en tal fecha ante la Asamblea Nacional, tal y como lo ordena nuestra Carta Magna. Sin este juramento, EL Presidente de la República no estaría investido de su condición de tal, por lo que no es posible que ejerza sus funciones constitucionales.
Sin embargo, por razones de salud, que comprendemos, aunque los detalles los desconozcamos los venezolanos y el mundo, el Presidente electo no pudo cumplir con tal obligación, hecho que conocimos apenas un día antes por una comunicación que dirigió el Vicepresidente Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Tal como fue advertido, el 10 de enero pasado no se realizó el acto de toma de posesión mediante la juramentación del Presidente Electo Hugo Chávez, razón por la cual, dejó de ser Presidente en ejercicio por el período 2007-2013. Y a pesar de ser el Presidente electo para el próximo período 2013-2019, estamos al menos ante una falta temporal que debe ser cubierta por el Presidente de la Asamblea Nacional. El Vicepresidente Ejecutivo y el gabinete o tren ministerial también cesaron en sus funciones el 10 de enerode 2013 y deben dejar sus cargos, ser ratificados o sustituidos por quien ejerciera la Presidencia, ya que sus mandatos devienen de la designación hecha por el Presidente Chávez durante el período constitucional anterior.
No obstante estas previsiones constitucionales, el oficialismo, prevalido de su dominio sobre todos los poderes del Estado, obtuvo una insólita sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que valida el quebrantamiento de la normativa contenida en nuestra Carta Magna, configurándose así una ruptura grave del orden constitucional venezolano perpetrado por el más alto juzgado.
Dicha sentencia violenta la Constitución al dar “continuidad” al gobierno que feneció en la fecha señalada, sin que medie la juramentación del Presidente electo. Esta decisión permite que el Vicepresidente Ejecutivo y ministros, que son funcionarios de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y que, por tanto, no han sido electos por el pueblo, continúen en el ejercicio de sus funciones y atribuciones más allá del período presidencial en que fueron designados. Esta circunstancia conforma un escenario evidente de autoridad usurpada, violatorio de expresas disposiciones constitucionales y legales (artículo 138); con el aditamento de que los actos que emitan tales “autoridades” sean nulos.
La sentencia, por otro lado, deja abierta sine die la fecha de juramentación del Presidente electo, otorgándole a éste la potestad de decretar cuando está o no ausente del cargo, lo cual es otra violación flagrante a la Constitución Nacional.
Lo más grave de esta situación es que el TSJ de forma asombrosa declara que el Presidente Chávez, a pesar de estar fuera del país por más de un mes y en condiciones en que ni siquiera puede firmar una comunicación oficial, no estaría ausente y en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Cómo puede sostenerse de manera responsable una argumentación tan disparada?
Vale destacar que estos argumentos contradicen la doctrina ya fijada por esa misma Sala Constitucional en sentencias del 08 de mayo de 2008 y del 26 de mayo de 2009, ésta última en relación a la juramentación del para entonces candidato electo a la Gobernación del Estado Carabobo.
En tal sentido, esta Sala decidió lo siguiente: “Ciertamente y tal como señaló esta Sala en la decisión N° 780 del 8 de mayo de 2008, la eficacia tangible del principio democrático constituye un parámetro esencial en la determinación de la finalidad humanista del Estado y como quiera que el inicio de la acción de gobierno depende de la correspondiente toma de posesión, resulta patente que el acto de juramentación del jefe del ejecutivo estadal constituye una solemnidad imprescindible para la asunción de la magistratura estadal y, por tanto, condiciona la producción de los efectos jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes político territoriales, a saber, la función ejecutiva del gobernador electo y, el consiguiente, desarrollo de las facultades de dirección y gobierno de la entidad, así como la gestión del interés público que satisface real y efectivamente las necesidades colectivas, resulta patente la difusividad del asunto planteado ya que de ello depende el funcionamiento de uno de los poderes del Estado Carabobo. En tal virtud, esta Sala se declara competente para conocer de la acción interpuesta. Así se declara”.
Lo antes expuesto, son razones suficientes, a juicio de las fuerzas democráticas de Venezuela, para denunciar ante el mundo tales violaciones flagrantes de nuestra constitucionalidad que ponen en riesgo la gobernabilidad y la paz de nuestro país.
Particularmente, queremos hacerlo ante el Mercado Común del Sur, bloque comercial de integración al que Venezuela recién se incorpora. Sobre todo, porque el ordenamiento jurídico de Mercosur se dispone de un instrumento normativo sobre los principios y valores democráticos, y los eventos políticos graves que están teniendo lugar en nuestro país pueden subsumirse en sus presupuestos.
Nos referimos al Protocolo de Ushuaia (I y II), cuyo artículo 1 establece que éste “se aplicará en casos de ruptura o de amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y a la vigencia de los valores y principios democráticos.”
Como quiera que el Parlamento del Mercosur es un órgano político democrático y plural, que no sólo representa a los pueblos de ese bloque de Unidad. integración, sino que también tiene el cometido de preservar la democracia y los derechos humanos, recurrimos a ustedes para hacer estos planteamientos, solicitar se impulse un debate sobre una situación que de no rectificarse podría afectar la estabilidad de la región, e igualmente un pronunciamiento al respecto.
Solicitud que hacemos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo Constitutivo del Parlamento de Mercosur, el cual establece entre otros, las competencias siguientes: a) Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del MERCOSUR; b) Velar por la preservación del régimen democrático en los Estados Partes, de conformidad con las normas del MERCOSUR; c) Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios, peticiones de cualquier particular de los Estados Partes, sean personas físicas o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de los órganos del MERCOSUR; y d) Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del MERCOSUR.
Fuente: TalCualDigital
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