Según el Registro Nacional de Viviendas, el tema de la vivienda afecta a unos 11 millones de venezolanos. Una carencia que llevó, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a que se produjeran en 2012 unas 1.874 manifestaciones en el país exigiendo al Gobierno que cumpliera sus promesas en materia de vivienda.
Por ende, se debe estar de acuerdo con que el Estado promueva y propicie la construcción de unidades habitacionales en todo el territorio nacional. Una tarea, por cierto, que fue largamente pospuesta en los 10 primeros años de la “revolución” castrochavista.
Sin embargo, es público y notorio que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) fue puesta en marcha más por razones electoreras que por razones de política pública, por lo cual el Gobierno de Hugo Chávez procedió de manera atropellada y absolutamente sin planificación ni control.
Ahora, según el Informe “Riesgos de Corrupción e Integridad: Gran Misión Vivienda Venezuela”, realizado por Transparencia Venezuela (TV) entre junio y diciembre de 2012, se devela que esta misión bandera del chavismo evidencia lados oscuros en cuanto al “cumplimiento de objetivos y metas de efectividad y transparencia previstas en el marco legal y en las buenas prácticas anticorrupción de programas sociales”. Devela también “debilidades e inconsistencias que impiden que lleguen los beneficios a quien corresponde y, por ello, persista la dolencia social que la Misión pretende superar”.
Entre los más graves riesgos de corrupción que plantea el Informe se cuenta la gran dispersión del público beneficiario (3 millones de personas) lo cual dificulta la identificación de grupos con necesidades extremas a los cuales debe dárseles prioridad en estos programas. Además identificaroninconsistencias, falta de controles, de evaluaciones y de acceso a la información en la convocatoria al registro y en la verificación de quienes cumplen las condiciones para entrar al registro de beneficiarios. Indica también que de la contratación de 13.131 “brigadistas” se desconoce si hubo capacitación, normas o sistemas de control para que no se viera vulnerado o corrompido este proceso.
También indica el estudio que una Misión que maneja los mayores recursos destinados a lo social -($13.743 millones) que casi duplica al presupuesto nacional de Guatemala ($7.509,12 millones)- tiene carencias en su estructura de gestión. Además de que pone de manifiesto debilidades en cuanto a manuales de procedimientos, contratos de adjudicación y contratación de empresas nacionales e internacionales, criterios para la asignación de contratos y hasta exclusión del Registro.
En resumen, la GMVV además de los vicios de corrupción, es utilizada como herramienta de manipulación política, no cumple los mínimos estándares de seguridad y urbanismo, lo que podría poner en riesgo la vida de millones de ciudadanos por ser Venezuela un país atravesado por varias fallas sísmicas.
Y la Contraloría General de la República sin decir ni pío…
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