El Poder Legislativo de Venezuela, aún cuando el sector democratico ocupa 65 de 165 escaños, sigue estando dominado por el oficialismo tal como lo están el resto de los poderes públicos. En consecuencia, el Legislativo impone en el país un remedo de institucionalidad democrática que convence sólo a los cegados por la ambición de poder y ansias de seguir usufructuando los petrodólares o por la idolatria que aún despierta en algunos el gobernante ausente.
Todo lo que convenga al régimen es aprobado por mano alzada, sin detenerse en salvar formas de convivencia democrática. Por el contrario, todo lo que afecte al Gobierno es rechazado sin molestarse en analizar si es conveniente o no para el país.
Este martes, la comparecencia de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para presentar su informe de gestión de 2012, dejó muestra palpable de este sectarismo hegemónico de los parlamentarios chavistas.
El informe de Ortega recibió los aplausos de los parlamentarios chavistas, a pesar de que fue en extremo pueril, resaltando como las acciones más trascendentes: las “investigaciones acerca de las violaciones graves a los derechos fundamentales ocurridas desde el año 1958 hasta 1998; las denuncias relacionadas con las estafas inmobiliarias y de vehículos, la continuidad al Plan de Descongestionamiento de Casos, el fortalecimiento de las fiscalías, la depuración inmediata de casos, la municipalización de la justicia y el Plan Nacional para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras acciones”.
Ortega no mencionó en su informe, por ejemplo, cuáles diligencias realizó la Fiscalía General para seguir las acciones del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y al Ministerio de Interior y Justicia en la salvaguardia y calidad de vida de las personas privadas de libertad bajo la responsabilidad del Estado. Ni indicó cómo avanzan las investigaciones de casos de corrupción como el de PDVAL, o para determinar responsabilidades en el accidente mortal de la Refinería de Amuay. Tampoco parece haber prestado atención la Fiscalía a la violación de derechos humanos del comisario Iván Simonovis, de la ex juez María de Lourdes Afiuni, ni del incumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la familia Barrios, que teme por el exterminio de sus integrantes.
Contra esta total oscuridad informativa de la Fiscalía, resaltaron las plausibles acciones de protesta realizadas por la bancada de la unidad democrática, quienes para sortear la mordaza que le imponen los chavistas exhibieron carteles con mensajes conminando a la Fiscal General a la “Lucha contra la corrupción”, entre otros.
Ésta es una de las pocas veces que en forma coordinada los democratas parlamentarios toman previsiones para no dejarse aplastar por el despotismo chavista.
Es de esperar que las acciones de protesta de este martes de enero sean una luz que indique mayor proactividad en los mecanismos de lucha para lograr al rescate de la Democracia participativa.
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