El Ministerio de Energía y Minería, supuestamente siguiendo instrucciones del gobernante ausente y silente, está metiendo a Petróleos de Venezuela en una odisea sin sentido en la explotación minera en todo el país, particularmente para desarrollar las reservas de oro.
En esa línea de acción el ministro del despacho, y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, anunció esta semana la creación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), una nueva filial de PDVSA Industrial, que supuestamente formará empresas mixtas (60%-40%) para la explotación de oro y otros minerales preciosos, con socios extranjeros, principalmente chinos y sudafricanos.
Según informó Ramírez, la CVM se iniciaría con un capital de $40 millardos, compuesto en su totalidad por los activos mineros de oro nacionalizados por Hugo Chávez entre 2007 y 2009 y con el mandato de extraer oro de tres bloques de producción en la zona aurífera del estado Bolívar (Guasipati-Callao, El Callao y Sifontes Sur) con reservas de oro en conjunto que ascienden a 81,4 millones de onzas troy (incluyendo Las Cristinas).
Cabe acotar que el total de reservas de oro probadas, probables y posibles de Venezuela, que se estima en 133 millones de onzas troy, sería cuantificado por la empresa china CITIC¸ según el Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de Venezuela, firmado el 21 de septiembre de 2012 en Miraflores, y que trascendió a la prensa esta semana.
Para VenEconomía estas doradas ambiciones del Gobierno castrochavista tienen pocas oportunidades de cristalizar con éxito.
Tal como viene sucediendo con la participación de PDVSA en las asociaciones conjuntas de la Faja Petrolífera del Orinoco, ni el Ejecutivo ni PDVSA disponen de los recursos requeridos para cubrir su cuota-parte (60%) de las inversiones necesarias.
Incluso, ni siquiera el último ajuste a la Ley de Contribución Especial de Precios Extraordinarios y Exorbitantes del Mercado Internacional de Hidrocarburos (impuesto a las ganancias súbitas), anunciada esta semana, le daría oxigeno suficiente a PDVSA para estas nuevas inversiones mineras, pues una buena parte del producto de las exportaciones petroleras seguirá cayendo en el saco roto del Fonden.
Sin embargo, aún si PDVSA tuviese los recursos, que no los tiene, la prioridad de sus inversiones no debería ser la de la actividad minera, sino que deberían ser destinadas a recuperar la derruida industria petrolera o para resolver los problemas urgentes pendientes de los venezolanos, entre ellos, el sistema eléctrico, la red hospitalaria, la infraestructura vial o del sistema carcelario.
Si el gobierno superara su afán de controlarlo todo, se daría cuenta que la explotación minera en manos privadas le generaría al Estado jugosas entradas por concepto de regalías e impuestos, sin que éste tuviese que invertir una puya.
Pero, los objetivos del Gobierno como lo vienen sugiriendo desde hace semanas algunos de sus funcionarios, pudieran estar dirigidos a buscar nuevas fuentes de endeudamiento y que, tal como se hizo con el petróleo y el aluminio, ahora se piensa contratar deudas pagaderas con la producción futura de oro.
De allí, que como sucedió con éstas, la industria aurífera se converitiría en pan para hoy y hambre para mañana.
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