Entes nacionales e internacionales vienen advirtiendo y denunciando consuetudinariamente sobre las persistentes violaciones que hace el Gobierno de Hugo Chávez de los derechos humanos de los venezolanos. Es claro para los defensores de la vida que en Venezuela quien disienta o se contraponga a la línea que marca la revolución castrochavista, es intimidado, perseguido, acosado, enjuiciado y condenado por los juristas del terror a su servicio.
Uno de los casos en los que el Gobierno ha actuado con mayor saña y perfidia es el de los comisarios Lázaro Forero, Iván Simonovis y Henry Vivas y los ocho oficiales de la Policía Metropolitana, a quienes les achacaron la violencia del 11 de abril de 2002, y terminaron condenándolos a hasta 30 años de prisión por la muerte de dos, de los más de 19 caídos ese día, sin prueba alguna y tras el juicio más largo y espurio de la historia jurídica del país.
Fue esta una condena política, que habría sido ordenada por el propio presidente Hugo Chávez, según un documento firmado por Eladio Aponte Aponte (magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo durante el proceso a los comisarios) y notariado por éste en una Corte de EE.UU.
Salta a la vista la inquina del castrochavismo en contra de los comisarios y de los policías metropolitanos, la cual tendría como trasfondo eximir de responsabilidades a Hugo Chávez y su camarilla de francotiradores y de tiros-alegres de Puente Llaguno, los verdaderos responsables de las muertes de manifestantes pacíficos que pedían la renuncia de un gobernante que ya en 2002 mostraba sus fauces de tirano comunista.
Ese odio se ha traducido en una tortura continuada contra los comisarios, y con especial perversidad contra Iván Simonovis.
En contra de Simonovis, como recuerda su abogado, José Luis Tamayo, nunca hubo pruebas de que éste “hubiese dado una orden de disparar o de matar. Todo lo contrario, lo que consta es que él evitó en lo posible que la gente llegara a Miraflores, situación que le consta a los familiares de las víctimas".
Sin embargo, Simonovis ha sido confinado en una pequeña celda de El Helicoide, un centro de reclusión no apto para pagar condenas. A Simonovis no solo se le han robado años de libertad, de disfrute de su vida profesional y familiar, sino también se le ha arrebatado la salud al privarlo del derecho a recibir la luz de sol y dejarlo sin espacios para hacer ejercicios, en franca violación de convenios de derecho internacional de respeto de los derechos humanos.
Simonovis hoy está muy enfermo, una osteoporosis severa amenaza con dejarlo inválido, quebrarle los huesos , incluso, acabar con su vida.
El país reclama al Gobierno que se le levante la pena de muerte lenta a la cual pareciera haberse sentenciado a Simonovis. Se pide a los tribunales que se respete su derecho a una medida humanitaria para que pueda ser tratado médicamente como contempla el Código Orgánico Procesal Penal para todo reo gravemente enfermo.
No es una conmutación de pena, no es clemencia, no es una dádiva lo que se exige para Simonovis. Lo que se espera es que se respete su derecho a la vida que le da la Constitución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario