No se debe olvidar que están en vigencia tratados y acuerdos que obligan a las naciones a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, que no sólo golpea a millones de jóvenes en el mundo y acaba con su futuro, sino que pervierte a los gobiernos y sus instituciones.
El negocio de las drogas alimenta el lavado de dinero y fomenta el auge del crimen en todas sus formas, aumentando con ello los asesinatos, secuestros y extorsiones, convirtiendo a las sociedades en verdaderos campos de batalla donde las bandas de narcos se enfrentan a las fuerzas policiales o dirimen entre sí sus zonas territoriales. En Caracas decenas de personas pierden la vida a manos de jóvenes criminales que actúan bajo los efectos de las drogas.
Pero no sólo en las ciudades importantes de Venezuela se siente el efecto destructivo que el narcotráfico irradia hacia las instituciones civiles y militares, sino también en los estados y zonas fronterizas donde prácticamente los narcotraficantes y sus aliados, las narcoguerrillas colombianas, organizan y dirigen la vida de los habitantes de esas tierras fronterizas.
Todo el mundo sabe lo que ocurre y quiénes son los extranjeros que imponen su propia ley en territorio venezolano, pero sienten temor de denunciar esos hechos porque las policías, los militares y las autoridades civiles han sido penetrados por las organizaciones delictivas.
El gobierno bolivariano expulsó de Venezuela a la DEA declarando que realizaba funciones de espionaje para Estados Unidos y dejó el campo libre a los narcotraficantes, a sus socios en el país y a sus aliados de las narcoguerrillas de las FARC. Un acto tontamente propagandístico porque la DEA funciona de común acuerdo con otros organismos antidrogas de América Latina y el Caribe, así como también con los gobiernos de Holanda y Gran Bretaña. De manera que siguen informados de todo lo que pasa con el tráfico de drogas en el país y de su exportación en decenas de toneladas hacia Estados Unidos y Europa.
Vale la pena recordar esto porque ayer José María Corredor Ibagué, alias “Boyaco”, considerado -según las agencias de prensa- como “un importante narcotraficante y colaborador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- fue sentenciado a 16 años de cárcel por el tribunal federal del Distrito de Columbia.
“Boyaco” estuvo preso en Venezuela en la sede del Sebin, y salía de noche a darse su vueltecita por los bares de Caracas. Escapó cuando se supo descubierto y fue recapturado en Colombia. Uno de sus carceleros en Venezuela fue el actual ministro de policía de este gobierno. Nada menos.
El Nacional
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