El comisario Iván Simonovis es uno de los botines más valiosos de la revolución.
No en vano los tribunales y la Fiscalía se ensañan en su contra para retrasar el otorgamiento de beneficios penales, que pueda dejarlo culminar su pena en casa tras nueve años en condiciones inhumanas de prisión.
El miércoles de la semana pasada la diligente jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, pidió a los médicos de su despacho realizarle un segundo examen forense, una necedad, pues ya el 16 de agosto un médico especialista del organismo cumplió esa tarea.
Los retrasos que mantiene la Fiscalía para entregar el informe forense definitivo, donde se determinen las condiciones de salud de Simonovis, es la piedra de tranca para que el tribunal que lleva la causa pueda decidir sobre un beneficio procesal.
Sin contar que la defensa ya ha solicitado en cuatro oportunidades medidas humanitarias, pues la prisión ya ha dejado sus huellas imborrables en el exjefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor: sufre una grave osteoporosis, problemas en los discos de la columna y complicaciones gastrointestinales.
La osteoporosis, al menos, debe pesar en la conciencia, si la tienen, de los jueces que han conocido el caso, porque su debilitamiento se debe al encierro que vivió en El Helicoide, donde sólo lo dejaban tomar el sol una hora cada quince días.
Una práctica inhumana, violatoria de los derechos humanos. Solo cuando les provocó ordenaron su traslado a Ramo Verde, donde al menos la celda tiene ventana propia.
La causa de Simonovis ha sido irregular desde el inicio.
Fue detenido en Maracaibo el 22 de noviembre de 2004. Nunca le leyeron sus derechos ni le enseñaron una orden de captura.
De allí pasó a la sede de la policía política, la rebautizada como Sebin, pero tardó un año y cuatro meses para que se iniciara el juicio en su contra.
Sin contar que el proceso en tribunales fue tan largo, retrasado por subterfugios jurídicos, que dos de sus abogados defensores murieron en la espera de sentencia.
Sin entrar en consideraciones sobre las pruebas que lo responsabilizaron sobre los sucesos de abril de 2002, aunque en la mayoría de las evidencias presentadas no se demostró su vinculación directa con los fallecidos, las prácticas dilatorias de juicio, las condiciones inhumanas de detención y el ensañamiento contra Simonovis dan cuenta de una política de Estado que actúa contra un ciudadano.
Hasta especialistas médicos obviaron sus complicaciones de salud el mes pasado y por no atenderlo a tiempo le causaron una peligrosa peritonitis.
Por casos como el de Simonovis es que el Estado venezolano decide salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo hace porque la justicia, el trato igualitario y el respeto por la ciudadanía le importa un bledo, les hiede.
La práctica la entronizó Chávez y sus hijos herederos no parecen querer cambiar la dinámica: el adversario político es tratado como enemigo de guerra.
La suerte que tenga la vida de Simonovis descansa sobre una justicia que hace rato se quitó la venda de los ojos para cumplir los caprichos de esta revolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario