Al fin la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) pudo concretar que una misión de alto nivel llegara a Venezuela para ver in situ la situación de vulnerabilidad sindical y empresarial impuesta en los últimos 15 años.
Luego de muchos años de trabas impuestas por los gobiernos de la revolución, que se dicen defensores de los derechos del trabajador y de los ciudadanos, y a pesar de que el Ejecutivo Nacional trató de impedir a los representantes sindicales y de gremios empresariales la participación en la agenda que seguiría la misión, se ha logrado que ambos sectores sean oídos por los miembros de la Misión.
Se rompe así un silencio y una mordaza que durante tres quinquenios ha encubierto todo tipo de violaciones de los derechos sindicales de los venezolanos –y de los empresarios– amparados por diversos convenios suscritos por el Estado venezolano, los sindicatos y los empresarios.
Por su parte, diferentes sindicatos de diversas toldas políticas se han unido en una Alianza para denunciar a la Misión de la OIT todos los atropellos y ataques contra la masa laboral que ha ejecutado sistemáticamente el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y que violan el Tratado Sindical suscrito por Venezuela en 1956.
Diversos representantes sindicales han señalado a la prensa nacional que en la reunión de este miércoles 29 de enero, harán entrega a la misión de la OIT de una amplia documentación sobre la violación de al menos seis convenios: libertad sindical (Convenio 87) reflejado en la obligación de los sindicatos por inscribirse en un registro cuyo control está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE); contratación colectiva (Convenios 98 y 110) reflejado en la demora por años de más de 300 convenciones colectivas; discriminación política (Convenio 111), mediante la persecución a los trabajadores sindicales por el solo hecho de reclamar sus derechos (solo en 2013 más de cinco dirigentes sindicales fueron asesinados en el país, por reclamar los derechos de los trabajadores); tripartidismo y diálogo social (Convenio 144); contratación colectiva de los empleados públicos (Convenio 154), y seguridad y salud de los trabajadores (Convenio 155).
Llevarán pruebas de la persecución, acoso y terrorismo patronal a las que se han sometido jóvenes trabajadores, entre otros, el caso del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado Falcón, Iván Freites, quien fue despedido tras denunciar fallas en Amuay, y el despido de otros 55 trabajadores de Petrocasa y 7 mil obreros de los centrales azucareros que pretenden despedir por reclamar sus derechos.
Por la parte empresarial, Fedecámaras y Conindustria explicarán y entregarán pruebas y documentación escrita y audiovisual de la exclusión, desconocimiento y ataques ejecutados, como política de gobierno, contra los gremios empresariales y el vilipendio y escarnio público al que ha sido sometida su dirigencia. Además entregarán pruebas de las múltiples expropiaciones y confiscaciones arbitrarias e ilegales realizadas por el Ejecutivo Nacional desde 2004.
La fuerza de la unión en la denuncia y en la protesta debe ser ejemplo para todos quienes hoy en forma aislada alzan su voz por los derechos confiscados.
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