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| CORTESÍA PANFLETONEGRO |
Apenas el martes 25 hubo alguna reacción visible en el despacho de Gabriela Ramírez: representantes de la Defensoría del Pueblo empezaron a visitar a las organizaciones independientes que se ocupan de los derechos humanos para buscar información sobre lo ocurrido durante las jornadas de represión de protestas. Ese día fueron a la sede de Provea. Y al siguiente se reunieron con los abogados del Foro Penal: querían datos concretos porque a ese organismo -dijeron- no han llegado directamente las denuncias por violaciones a los derechos de los manifestantes.
Como si hiciera falta tal cosa para que la Defensoría haga su trabajo. Como si los testimonios, videos y fotografías no estuvieran disponibles por todas partes.
El Foro Penal Venezolano les resumió lo que han venido denunciando a lo largo de estas semanas en un documento de cinco páginas. A la fecha, 26 de febrero a las 6 de la tarde, el registro desde el día 9 era de "609 detenciones, arrestos o retenciones ilegales en todo el país". De ese grupo de personas, 162 habían sido presentadas a tribunales "y a todas se les había abierto un proceso penal por participar en las manifestaciones, imputándoles delitos que van desde supuestos daños a la propiedad pública y privada, hasta terrorismo".
Otros 21 casos terminaron con privación de libertad y arresto domiciliario. El resto se divide entre detenidos a la espera de su presentación en tribunales y otras personas que fueron retenidas y liberadas en lapsos de 2 a 24 horas: "tras recibir intimidaciones y amenazas".
La cuenta, como se sabe, no se detiene.
30 denuncias de torturas y "tratos crueles, inhumanos y degradantes" estaban para entonces confirmadas por el Foro Penal: "Todos los casos han sido corroborados con las declaraciones de los afectados y, casi en su totalidad, con los exámenes médicos que les han practicado galenos independientes".
Así, la Defensoría pudo "conocer" lo que no investigó en su momento: 6 de esos venezolanos fueron torturados y maltratados en la sede del CICPC de Parque Carabobo (entre el 12 y el 14 de febrero); uno en el Sebin (12 al 13); otros 12 en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, en Tocuyito, estado Carabobo (13 al 16); y 11 más recibieron castigo en la sede de la Guardia Nacional de Los Castores, Miranda (23 al 24 del mes).
El jueves 27 se añadieron al registro otros tres casos presentados ante la Fiscalía de Barinas, en un caso de 11 liceístas menores de edad detenidos y maltratados por la policía regional y la Guardia Nacional. Y a las 5 de la tarde el total nacional de detenidos ya era 776.
A nombre de la Mesa de la Unidad, el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, también presentó números esta semana. Ocariz informó de 720 detenidos en todo el país, con 56 casos con privación de libertad, 200 a la espera de la audiencia en tribunales y 464 liberados, con más de 500 denuncias por excesos en el uso de la fuerza.
Sin señas
Más allá de la dificultad para precisar el número exacto de detenidos en acontecimientos que suceden a diario, los eventos permiten identificar un claro patrón de violaciones a los derechos humanos, aunque con elementos que podrían calificarse como "novedosos".
"No se les puede llamar 'desaparecidos' porque esa no es la categoría en la definición de derechos humanos, pero tenemos aquí una gran cantidad de casos de personas incomunicadas", explica Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano: "Se ha convertido en algo regular".
Romero plantea una comparación para ilustrar: "En 2007, durante las manifestaciones por el cierre de Rctv, hubo 251 personas detenidas. Los abogados fuimos a los centros de reclusión y pudimos hablar con los detenidos. En esta oportunidad no, en la mayoría de los casos los abogados no hemos podido hablar con las personas en los centros de reclusión. Eso constituye una violación de sus derechos. Y lo peor es que a algunos los han obligado a golpes a firmar actas diciendo que sí tuvieron acceso a un defensor".
Además ubica responsabilidades: "Desde la llegada de Luisa Ortega a la Fiscalía General se ha establecido un régimen de incomunicación a detenidos por motivos políticos y de detenciones arbitrarias, sin órdenes, a personas a quienes mantienen incomunicadas. Y esto se reforzó desde el año pasado. La complicidad de la Fiscalía es recurrente: conoce de las detenciones, acude a los centros, participa de la detención arbitraria y es cómplice de la incomunicación".
Nizar El Fakih, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, ha estado yendo de un lado a otro de la ciudad tratando de contactar a los detenidos para conocer su situación y prestar asistencia legal. Y confirma lo dicho por Romero: "El patrón generalizado ha sido incomunicarlos y eso lo vemos en las denuncias recibidas y en la información verificada por nosotros".
Hablar con un abogado y con sus familiares no es una concesión ni una gracia. El Artículo 44 de la Constitución lo establece como derecho de toda persona detenida. Lo mismo que el derecho que tienen abogados y familiares a ser informados sobre el lugar donde se encuentra el detenido y la razón por la cual se le mantiene en custodia, además de sus condiciones físicas y psicológicas. "Eso no está ocurriendo", señala El Fakih.
Lo que ha sucedido durante estos días es lo contrario: gente capturada por la Guardia Nacional o algún cuerpo policial que se "pierde" durante horas y en algunos casos días sin que sus familiares tengan otra noticia más allá de un vago "se lo llevaron".
"Eso lesiona sus garantías, lesiona el derecho a la defensa y al debido proceso", explica el activista de la Ucab: "Y genera confusión para las familias y los abogados, porque no saben dónde están, no tienen ninguna información. Muchos pasan 4,5, 6 horas sin ser ubicados. Y en el Area Metropolitana nosotros manejamos al menos diez casos en los que se tuvo contacto con los detenidos después de 48 horas o más".
Han sido justamente los abogados y defensores de derechos humanos quienes han dado con el paradero de los manifestantes detenidos recorriendo sedes policiales, lugares de reclusión y tribunales. "Nosotros nos movilizamos y así es que los encontramos", denuncia El Fakih: "Los familiares o los amigos nos dicen de donde se los llevaron y eso nos permite inferir el lugar de reclusión. Entonces vamos y exigimos que nos den la información. En muchos casos no nos permiten verlos en condición de abogados y diría que en el 98% de los casos el Cicpc, la Guardia Nacional y la Policía Nacional no dejan que sus familiares los vean".
Marino Alvarado, de Provea, añade un elemento: "A los abogados no solo se les ha impedido visitar a los detenidos, también han sido amenazados por agentes policiales, como le sucedió a Vicente Haro el 12 en el Cicpc y otros han recibido amenazas de los jueces por reclamar en tribunales por la violación de los derechos de estas personas".
Paramilitares activos
Alvarado denuncia también la falta de información oportuna sobre los detenidos: "Es una práctica inhumana que pone a las familias a padecer un peloteo permanente. Muchas veces obtenemos los datos porque algún policía los pasa de manera informal, a escondidas".
Y esa incomunicación dificulta las gestiones de defensa: "Accedemos a los detenidos apenas 5 o 10 minutos antes de que los presenten en tribunales", señala El Fakih: "Y en ese corto lapso es cuando podemos preparar la defensa".
Para El Fakih hay una intención clara: "Los golpean, los agreden física y psicológicamente y no permiten que los veamos para que no denuncien lo que les sucede mientras están detenidos porque eso es tortura. Cuando se da el milagro de que nos permiten el acceso, no podemos conversar con ellos en privado, siempre hay un guardia o un policía al lado y eso evita que ellos se expresen libremente. ¿Cómo van a denunciar si tienen al lado al tipo que los va a resguardar una o dos noches más?".
Además del uso desproporcionado de la fuerza, de los excesos, los golpes y la tortura, en Provea destacan otro de esos elementos nuevos en la respuesta del Estado: "Nos preocupa la participación de grupos paramilitares en labores de represión", dice Marino Alvarado: "Estos grupos existen desde hace tiempo y actuaban ocasionalmente, pero desde este mes de febrero han estado muy activos actuando en coordinación con la Guardia Nacional dejando un saldo de personas asesinadas y heridas. Se les ha visto incluso deteniendo a gente y allanando casas".
Liliana Ortega, de Cofavic, puntualiza el patrón de violaciones a los derechos humanos desplegado ante las protestas de febrero. El abanico es amplio: "Disparos a corta distancia, especialmente de perdigones y metras, en partes del cuerpo -cabeza, rostro- que nos indican que no se hicieron para neutralizar. Disparos indiscriminados contra residencias familiares con perdigones, bombas lacrimógenas y armas de fuego en algunos casos".
Esto, aporta Alvarado, implica "extender el daño a quienes no participan en las protestas".
Ortega completa el esquema: "Observamos que las personas son golpeadas luego de estar ya sometidas a las autoridades, luego de ser neutralizadas en las manifestaciones. Se dificulta la ubicación de los detenidos, especialmente en las primeras horas. Acceso nulo o restringido a los abogados y los familiares. Observamos un número importante de detenidos con golpes y traumatismos que podrían indicar detenciones con violencia. También la actuación de grupos armados civiles que parecen contar con la aquiescencia del Estado. Y nos preocupan mucho las restricciones a la libertad por medidas cautelares".
Las decisiones en tribunales estarían siguiendo un libreto: "A los detenidos se les imputan los mismos delitos y se les imponen las mismas restricciones", señala Ortega: "No se individualizan los casos a pesar de tratarse de hechos diferentes. Pareciera que estuviéramos ante decisiones exprés tomadas previamente".
Cort. El Universal
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