Hace justamente un año, a principios de marzo de 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del gobierno de Nicolás Maduro, revelaba desde Aragua en un Conversatorio sobre la “Juventud Constructora de la Paz” que Chávez era “el muro de contención a muchas de esas ideas locas” que a ellos se les ocurrían. Confesó entonces que el difunto les imponía su “liderazgo, prudencia y conciencia” para evitar que ellos actuaran.
Ahora, este 5 de marzo de 2014, luego de que un Maduro acorralado por las protestas generalizadas en diversas ciudades del país, llamara al pueblo chavista “organizado” a “apagar candelita que se prenda”, los venezolanos y el mundo comienzan a entender a plenitud cuáles son algunas de esas “ideas locas” a las que se refería Cabello.
Resulta que quienes fueron lanzados a la calle para supuestamente “garantizar la paz” y la revolución “cueste lo que cueste” fueron los mal llamados colectivos del oficialismo. Esos grupos violentos y sin cortapisas morales que armó hasta los dientes el gobierno en estos tres lustros a los que Iris Varela, la encargada de las cárceles del país, define como los “pilares fundamentales de la defensa de la patria”. Al llamado de Maduro y los clamores de Diosdado y otros funcionarios del oficialismo para acribillar y reducir la voluntad de miles de jóvenes que piden democracia, paz, seguridad y libertades, no ha respondido ese pueblo que dicen les pertenece, pero al que también han subyugado con la violencia, la represión, el chantaje social y las calamidades económicas.
Las consecuencias de este irresponsable y criminal llamado a sus mercenarios asesinos están a la vista: zonas urbanas de Caracas y del interior del país sitiadas por hordas de motorizados apuntalados por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana; edificios y propiedades atacadas, violentadas y robadas a granel, sin detenerse a pensar que estaban habitadas y donde se encontraban niños, mujeres embarazadas, ancianos o enfermos; ciudadanos detenidos sin orden judicial, golpeados y arrastrados vulnerando sus derechos fundamentales. El saldo resultante fue: dos muertos (un Guardia Nacional y un miembro del colectivo) quienes habrían sido asesinados en un enfrentamiento entre las dos fuerzas, según se afirma por las redes sociales, únicos medios informativos con alguna dosis de credibilidad que quedan en el país.
El gobierno al soltar estas amarras de la violencia, echa más leña al fuego que potenciará ese “plus de rabia”, su “añadido de impotencia” y el “sobreprecio de dolor” que describió Tulio Álvarez en El Nacional de este 2 de marzo, y que como bien explica viene de “la humillación permanente y el maltrato sistemático –diario, obcecado, radioeléctrico– al que hemos sido sometidos por años quienes no pensamos como ellos. Es el resultado de la amargura que produce soportar estoicamente que todo los días te insulten, te digan fascista a sabiendas de que no lo eres, te acusen de apátrida, te nieguen derechos, te amenacen con lanzarte a los pobres o un “colectivo” que –esperan ellos– como perros de presa irán a tu casa, a tu barrio, y destrozarán lo que encuentren a su paso”.
¿Tocará recurrir al Estatuto de Roma si se sigue insistiendo en usar grupos “organizados” (y armados por el gobierno) para acorralar a la población y producir una espiral de barbarie sin control o retorno? Incomprensiblemente, unos gobiernos alcahuetas, lograrón que ayer la OEA hiciera mutis con respecto a esta convulsión social en Venezuela.
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