El gobierno ha decidido convertir las protestas de calle desencadenadas el 12 de febrero y que aún no cesan (porque cuando se aminoran o se apagan en Caracas brotan en Maracaibo o en San Cristóbal…, y así rotativamente), convertirlas, decimos, en parte de un plan, exactamente de un muy curioso golpe de Estado, un delito anticonstitucional pues, contra el enclenque gobierno de Maduro.
Ese sofisma burdo anula dos cosas: el que el pueblo venezolano vive una de las situaciones más trágicas de su historia contemporánea y que ésta genera necesariamente la reacción de sus ciudadanos, el deseo de paliar sus privaciones de todo tipo y la cólera contra quienes han llevado el país a esa indeseable situación extrema. Protestas de grandes dimensiones y donde no puede reinar un orden celestial, como parece suponer el discurso gubernamental al respecto. El cual debería estar orientado básicamente a controlar lo que sí está en sus manos hacerlo, propiciar e incluso exigir que éstas se den dentro de los canales civilizados y democráticos y no reprimirlas brutalmente como lo ha hecho.
Más de tres mil presos, la mayoría jóvenes, es una cifra que resulta bastante elocuente de las dimensiones del descontento y de la cruenta actuación del gobierno.
Pero también esa truculenta versión sirve para tratar de demonizar y castigar a la dirigencia política que ha puesto el énfasis mayor en la necesidad de cambiar radicalmente la situación, salir del actual gobierno, pero por vías democráticas, constitucionales. Tal ha sido el discurso de López y en general de su partido. Presión de los ciudadanos en la calle y renuncia del Presidente (hasta los reyes y los papas lo hacen, cuando es menester), revocatorio o constituyente. Esto nada tiene que ver con ese concepto absurdo de golpe continuado o lento, suerte de contradicción en términos ya que todo golpe es casi instantáneo, un madrugonazo habitualmente, pero sobre todo armado y ya sabemos quiénes tienen el monopolio de los cañones y los tanques en el país y de cuya fidelidad y apasionada entrega, hasta se apellidan chavistas, el gobierno se ufana. Pero bueno, siempre hemos hablado contra los incesantes atropellos a la lógica de parte del gobierno.
En todo caso, en ese esquema demagógico Leopoldo López ocupa lugar destacadísimo, acaso el más destacado, como acaba de confirmar una vez más el ministro Rodríguez Torres en su novela “La fiesta mexicana”. Si así fuese, deberían abundar las pruebas de sus contactos militares y otros afanes destinados a poner en práctica su 4 de febrero.
Pero no, ni una palabra de eso en la acusación de la Fiscalía. Sólo de haber propiciado puntuales desmanes en la manifestación del 12 de febrero, cosa bastante poco creíble, para nada probada y que de ninguna manera puede extraerse de sus discursos públicos.
Posiblemente, el gobierno y los fiscales están interpretando en sus intenciones más privadas los deseos fervientes de que Maduro se vaya a vivir para siempre a Varadero o a Pinar del Río, pero si así fuese deberían juzgar a muchos millones de venezolanos, posiblemente la mayoría.
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