Las secuelas perniciosas de las políticas expoliadoras del castrocomunismo cada vez son más difíciles de esconder, por más malabarismos que se haga con las cifras y por mucho empeño que se ponga en la publicidad desbordada del gobierno.
Una de las espinas que se ha tratado de ocultar a la opinión pública, a fuerza de cambiar metodologías de mediciones y de informaciones sesgadas, es la de la fuerza laboral de Venezuela.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho hincapié en mostrar buenos resultados en cuanto a empleo. Para ello se ha valido de modificaciones en los parámetros de medición y en la catalogación de quién entraba en los indicadores como empleado, llegando a considerar que una persona estaba “empleada” si podía decir que estaba “trabajando” durante unas escasas horas en la semana anterior a la encuesta.También, se considera como “empleada” una persona que está inscrita en una misión.
Así las cifras venían mostrando (en apariencia) signos positivos donde se observaba una gradual disminución del desempleo, año tras año.
Incluso en su último informe, el INE indica que en 2013 se generaron unas loables 444.313 plazas de trabajo. Sin embargo, la cuestión no es tan rosa ni tan simple como la pinta el INE.
Primero, porque, según el mismo INE, el 65% de estas nuevas plazas corresponde al sector informal de la economía. Y los hechos indican que para estos casi 300.000 venezolanos nuevos, que se suman a los 5,3 millones de ciudadanos que ya existían en el sector informal, la situación laboral es precaria y sin estabilidad.
Estos venezolanos no están protegidos por las leyes laborales, por ende, son más de 5,5 millones de ciudadanos que quedan ajenos al acceso a prestaciones sociales, al derecho de jubilación o pensión, ni a los diferentes beneficios como bonos, cajas de ahorro, y sin cobertura de seguros de HCM. Esa misma inestabilidad, les impide, o les dificulta, tener posibilidades de mejoras sociales, acceso a vivienda digna o garantizar la educación de sus hijos.
A esto se le agrega, que más de la mitad de los trabajadores del sector formal devenga salario mínimo, lo cual es alarmante, pues la espiral inflacionaria ha hecho que sus ingresos se vuelvan sal y agua.Según el Cendas, el costo de su canasta básica, aumentó 4,3% en abril, para un total de 75,5% en los últimos 12 meses.
Con base al salario mínimo de hoy, una familia de cinco integrantes debe tener un ingreso de 2,5 salarios mínimos para cubrir el costo de la cesta alimentaria cuyo costo fue de Bs.10,444,23 en abril -- y de 4,3 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que se ubicaba en Bs.18.322,29.
Esta situación crispante en materia laboral, se debe a que en los últimos tres lustros se han venido destruyendo sistemáticamente las fuentes de empleo en el sector privado, mediante una política confiscatoria de la propiedad, y se ha cercado la inversión privada con leyes punitivas, fiscalizaciones a granel y presiones fiscales.
Así, puede concluirse que el empleo productivo, inspirador y estable se esfuma en Venezuela a la par que se evaporan las fuentes de trabajo del sector privado al ritmo de la escasez de divisas y la caída de la productividad.
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