Durante 14 años Hugo Chávez realizó una descomunal inversión y un sostenido esfuerzo para vender al mundo la idea de que en Venezuela había una democracia respetuosa de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas.
Inversión y esfuerzo que ejecutó “gracias” al caudal inagotable de los petrodólares que usó a discreción el mandatario para comprar conciencias y mantener un aceitado aparato propagandístico en embajadas, consulados y organismos internacionales, por un lado. Y por otro, “gracias” a la innegable habilidad de Chávez en tirar la piedra y esconder la mano, aplicando una represión selectiva, y aflojando la cuerda cuando las cosas se comenzaban a tensar demasiado en las instancias internacionales, y avanzando cuando sentía los vientos a favor.
Ido el comandante supremo, la impericia, improvisación, ofuscamiento y tropelía para manejar al país de su sucesor, Nicolás Maduro, han venido socavando ese trabajo de ablandamiento internacional adelantado por Chávez.
Así a pesar de la alcahuetería de la ONU, la OEA y Unasur, Maduro comienza a perder terreno y entes como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde confluyen representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, empezaron a meterle la lupa a las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que suman años en ejecución y a los continuados incumplimientos de las obligaciones internacionales del gobierno venezolano. Tan así ha sido que Maduro, no pudo evitar que una misión tripartita de alto nivel de la OIT visitara a Venezuela en enero de 2014, para reunirse con 30 sindicatos, el gobierno y diferentes organizaciones empresariales, entre ellas, Fedecámaras, Consecomercio y VenAmCham.
Menos pudo eludir, que dicha misión constatara las violaciones del gobierno a un buen número de convenios, entre ellos, el 87 de libertad sindical, el 98 de contratación colectiva, el 111 de discriminación política, el 26 sobre el salario mínimo y el 144 de diálogo social.
Como tampoco pudo evitar que la misión presente en la Asamblea General de la OIT de este año un informe conteniendo entre otras denuncias (1) la extrema polarización que pervive en el país; (2) que no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, y que, por tanto, las consultas sobre leyes, normas laborales no son independientes, ni compartidas y no reflejan los intereses de los trabajadores y los empresarios; (3) que el gobierno incumple con el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948, que se criminaliza la protesta, se abren juicios y encarcelan a dirigentes sindicales amparados por el fuero, y la mora de más de 10 años en las negociaciones del contrato colectivo para los trabajadores públicos.
Además de percatarse in situ, de la excesiva violencia contra los trabajadores, derivada de una política excluyente, basada en la confrontación de grupos sindicales pagados por el gobierno, en desmedro de los derechos de los dirigentes y líderes naturales de los trabajadores. Una violencia que, solo entre 2012 y 2013, cobró la vida de 124 sindicalistas, cinco por mes, según la ONGObservatorio Venezolano de Conflictividad Social(OVCS).
Y es que por mucho que se intente, como dijo Abraham Lincoln “no se puede engañar a todos todo el tiempo”.
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