VÍCTOR SALMERÓN | EL UNIVERSAL
El Gobierno conoce claramente los desequilibrios que debe atender con un plan de ajuste integral, pero el Presidente de la República, Nicolás Maduro, retrasa su implementación por el temor a que el costo político de las medidas acelere la caída de su popularidad y aumente la percepción de pérdida de control de la economía.
La gravedad de la situación la desnudó el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, quien en la carta que publicó tras conocer su destitución explica la urgencia de cambios en aspectos que han sido claves para mantener la lealtad al proyecto político que lideró Hugo Chávez.
Jorge Giordani admite que tras disparar el gasto a niveles extremos en 2012 para impulsar la reelección de Chávez, a comienzos de 2013 le entregó al entonces vicepresidente, Nicolás Maduro, un documento que señala las áreas que deben ser revisadas "para garantizar la sostenibilidad de la transformación económica".
Giordani indica que "es necesaria una revisión" de aspectos como "los ingentes recursos dedicados a la seguridad social", las "subvenciones a servicios públicos de primera necesidad (alimentación, electricidad, combustibles, agua, transporte, bienes de consumo masivo, servicios de vivienda".
Agrega la "subvención a empresas públicas con grandes déficits operacionales para velar en el corto plazo por el empleo y los salarios de quienes allí trabajan", así como la práctica de obtener los recursos necesarios para estos gastos a través del "aumento sustancial del endeudamiento de Pdvsa" y del Gobierno Central.
Además deja ver el desequilibrio de la moneda al incluir "la tasa de cambio que favoreció las importaciones y redujo las exportaciones, ya limitadas de la economía privada".
En resumen el ex ministro de Planificación pintó un ajuste con reducción del gasto público en áreas que hasta ahora han sido vitales para mantener el apoyo al "Socialismo del Siglo XXI", así como devaluación de la moneda e incremento de las tarifas de servicios públicos.
Analistas de diversas tendencias han solicitado correcciones de este tipo en vista de que el déficit de las cuentas públicas se ubica en torno a 15% del PIB a pesar de que el precio del petróleo se mantiene en 96 dólares.
Pero hasta ahora Nicolás Maduro ha preferido una estrategia que busca mantener la popularidad con aumento del gasto público a través de la inyección de dinero sin respaldo que emite el Banco Central, la devaluación en cámara lenta y el intento de contener la inflación con la Ley Orgánica de Precios Justos que regula la ganancia hasta un máximo de 30% y refuerza las regulaciones.
La falta de fuerza para tomar medidas impopulares ya no solo es señalada por la oposición, Jorge Giordani indica que "resulta doloroso y alarmante ver una Presidencia que no transmite liderazgo".
Fuentes consultadas indican que Nicolás Maduro se siente presionado por el impacto que podrían tener medidas que desmejoren aún más la calidad de vida antes de que se lleve a cabo el III Congreso del PSUV, a celebrarse del 26 al 29 de julio, que podría convertirse en un escenario donde se cuestione su capacidad y liderazgo.
La economía emite señales de que marcha a la estanflación. La inflación se aceleró tras el estímulo de la demanda y una oferta que no responde en medio de los controles de precios y la escasez de dólares.
En los primeros cinco meses de este año la inflación registra un salto de 23%, el mayor incremento para los primeros cinco meses del año desde 1996, mientras que la producción de las empresas cae y las cifras que maneja el Banco Central registran una caída del PIB en el primer trimestre.
Todo apunta que para el corto plazo no está planteado un ajuste integral que incluya el área fiscal, monetaria y cambiaria. Nicolás Maduro ha anunciado una segunda etapa del gobierno de calle, es decir, un mayor incremento del gasto público y una estrategia similar a la que utilizó Hugo Chávez para recuperar popularidad en 2003: relanzamiento de las misiones y propaganda.
Al mismo tiempo la imposibilidad de mantener el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar obliga a una devaluación que el vicepresidente para la economía, Rafael Ramírez, ha mencionado bajo la forma de "un nuevo sistema cambiario".
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