La ONG con sede en Washington señaló que "nuestras investigaciones indican que, a partir del 12 de febrero de 2014, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados, aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y también contra transeúntes".
Añadió que "ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades" y aseguró que "estas violaciones de derechos humanos formaron parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas".
Según HRW, miembros de estas fuerzas de seguridad "actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión de manifestantes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran impunemente a manifestantes, y a veces incluso colaboraron con estas".
La organización dijo además, que constató "una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez. Tales abusos incluyeron violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas. En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura".
En ese sentido, Human Rights Watch instó "respetuosamente a los Estados aquí presentes a pedirle al Gobierno de Nicolás Maduro que cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos".
Explicó, que concretamente, los Estados "deberían exhortar a Venezuela a llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, abandonar toda retórica que fomente la violencia contra manifestantes y periodistas, y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, empezando por el Tribunal Supremo".
Desde el 12 de febrero pasado y según cifras de Foro Penal, han fallecido 43 personas y más de 850 heridos por las intensas protestas que han ocurrido en el país.
También han sido detenidas por las protestas 3.181 personas de los cuales 223 son menores de edad. De estas, a 1.968 se le ha otorgado medidas de libertad condicional (114 menores de edad), 440 por verificar (15 menores de edad), 408 en libertad plena (56 menores de edad), 250 liberados sin presentación (38 menores de edad) y han quedado 115 privados de libertad. Según el Foro Penal se han producido severas violaciones al debido proceso.
Cort. El Universal
No hay comentarios:
Publicar un comentario