El senador por Florida Marco Rubio llamó el jueves a sus colegas en la Cámara Alta a votar a favor de las sanciones contra representantes del chavismo involucrados en violaciones a los derechos humanos en Venezuela, cuando regresen del actual período de receso el próximo 7 de julio.
Rubio –quien conjuntamente con el senador Bob Menéndez lleva varias semanas impulsando la iniciativa– admitió que los esfuerzos por aprobar la resolución en el Senado a través del mecanismo de aprobación rápida conocido como “Consentimiento Unánime” están siendo bloqueados por las objeciones de un solo legislador, por lo que adelantó que estaría dispuesto a solicitar una votación abierta en el pleno del Senado.
“Lo que estoy pidiendo en este momento, es que dada esa objeción, cuando nosotros regresemos del receso, que de una u otra manera tengamos la oportunidad de votar sobre esto”, expresó el senador ante sus colegas.
“Este es un tema en el que virtualmente todos los miembros del Senado, con la excepción de uno u dos, en este momento parece que sólo uno, están de acuerdo. Y espero que lo podamos aprobar, porque es importante, porque va tener un impacto”, agregó.
Según versiones de prensa, la iniciativa está siendo objetada por el senador republicano Bob Corker, quien también se opuso a la propuesta cuando se votó en el Comité de Relaciones Exteriores en marzo.
La resolución, muy similar a la que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro contra las personas que se manifiestan en su contra, acciones que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.
Varias organizaciones no gubernamentales, que velan por la preservación de los derechos humanos, han denunciado que el uso de la tortura contra los manifestantes se ha vuelto una práctica usual por parte de los agentes del chavismo, documentando docenas de denuncias.
En su discurso, Rubio dijo estar convencido que la medida sería aprobada fácilmente, de ser sometida a votación.
No obstante, lo difícil es conseguir que el proyecto sea colocado en la agenda, dada la larga lista de proyectos a ser debatidos y votados el próximo mes.
Fuentes del Congreso dijeron que la situación se está viendo obstaculizada por el hecho de que éste es un año electoral y la mayoría de los legisladores están inmersos en los preparativos de sus propias campañas.
Rubio, en su llamado, recordó que Venezuela es gobernada por un régimen totalitario que está dispuesto a usar la violencia para aplastar cualquier tipo de disidencia política.
“Si usted es un critico abierto del gobierno de Venezuela, usted o termina en la cárcel o termina en exilio”, sentenció.
“De hecho, el presidente de Venezuela, alguien que ganó en una elección fraudulenta hace un año y medio, ahora se ha volcado en contra de su propio partido, cuando algunos de sus miembros se atrevieron a criticarlo”, dijo.
Por otro lado, el senador enfatizó que el chavismo ha destruido virtualmente la economía venezolana llevando a los habitantes de lo que en esencia es un país rico a vivir bajo condiciones de penuria similares a las de Cuba.
“El estado de la economía venezolana es cada vez más parecido a lo que está sucediendo en Cuba, escasez de los productos más elementales, la inhabilidad de comprar una barra de jabón o de conseguir papel sanitario o un tubo de pasta de dientes. La escasez es extraordinaria. Todo esto en uno de los países más ricos del hemisferio, en un país con una población educada y talentosa y que cuenta con recursos naturales”, explicó.
Personas familiarizadas con el proyecto de ley dijeron que las sanciones están divididas en diferentes tramos, con un total que podría eventualmente sumar entre 100 y 200 personas.
Entre los posibles sancionables se encuentran los funcionarios y los oficiales involucrados directamente en la represión en Venezuela, incluyendo al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal y al actual jefe de ese organismo, Iván Hernández Dala.
También aparece el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal Luisa Ortega Díaz y los gobernadores Francisco Rangel Gómez, Alexis Ramírez, José Gregorio Vielma Mora y Henry Rangel Silva.
El Nuevo Herald
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