Un síntoma terriblemente preocupante del grado de descomposición social que padecemos lo constituye no sólo el incremento pavoroso de los homicidios por cada 100 mil habitantes (en 1998, 19 por cada 100 mil, en 2013, 79), sino también la saña y la crueldad, y también a veces la gratuidad, con la cual se están perpetrando los crímenes en el país.
En varios casos recientes asombra y asusta la circunstancia de que una vez ultimado un sujeto sus asesinos, que por lo general casi nunca bajan de dos, proceden a mutilarlo, amputándole las manos y las piernas, o a borrarle las facciones a tiros.
Este escribidor debe confesar que lo invaden la desesperanza y la tristeza ante este panorama desalentador, que luce, sin serlo, insoluble, por ahora. Tal como lo viene señalando
TalCual desde hace 15 años, uno de los peores factores criminógenos en nuestro país lo constituyen las cárceles. En ellas, quien entra por el robo de una gallina puede salir convertido en un asesino.
Dice el artículo 272 de la Constitución: "El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada... El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaría que posibilite la reinserción social del exinterno o la exinterna...".
Parece un artículo de la constitución de Suecia o Dinamarca. Pero no, es la de aquí. La realidad es diametralmente opuesta. ¿Por qué asombrarse entonces de la brutal expansión de la criminalidad?
Cort. TalCualDigital
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