Durante esta semana VenEconomía Opina se ha encargado, de poner sobre el tapete los impostergables temas de análisis que deben definir el deber ser de una Venezuela rescatada del yugo dictatorial impuesto por el mal llamado Socialismo del Siglo XXI, no se puede terminar la semana sin mencionar el punto medular de toda esta trama: la institucionalidad democrática.
Es un punto sobrevenido que si bien en estos tiempos de “revolución castrocomunista” se ha destruido la economía, la producción, la industria petrolera y la propiedad a punta de controles de toda índole, también se ha avanzado inexorablemente en confiscar toda institucionalidad democrática, logrando con ello el despojo de casi la totalidad de los derechos y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional y en cuanto convenio internacional suscribe la República desde tiempos ha.
Ese marco institucional debe soportarse en tres principios básicos: la representación popular, la separación de los poderes públicos y el marco legal y jerarquía de las normas. Son todos ellos principios que permiten al ciudadano ejercer su influencia y control sobre la gestión de los gobernantes. Lamentablemente en estos tres lustros, se ha confiscado el marco institucional que dibuja una democracia: Desde la independencia de los cinco poderes públicos, la no subordinación político-partidista de la Fuerza Armada Nacional, el libre ejercicio partidista y el respeto a la pluralidad de la información y opinión, entre otros. De allí que para la discusión en la Unidad Democrática, un punto básico es cómo restablecer ese tejido al orden constitucional de un Estado de Derecho y Justicia, acorde con el concierto internacional de países democráticos. Un punto de partida sería el nombramiento, según las líneas de la Carta Magna, de los representantes de los poderes públicos que le devuelvan su autonomía, hoy bajo la subordinación del Ejecutivo Nacional: Lograr que el Legislativo, se dedique a su rol de promulgar leyes y controlar la gestión de los entes del Estado. Que el Poder Judicial le devuelva a la Magistratura la majestad que se le arrebató al ritmo de un coro que gritó ¡Uh Ah, Chávez no se va!, y que los tribunales sean manejados por jueces de carrera, probos, escogidos por concurso y no por el dedo del gobernante y su combo, y los dictámenes se realicen ajustados a derecho y no en conclaves en Miraflores. Que el Poder Electoral sea el vigilante imparcial del derecho a elegir a sus gobernantes y representantes en las instancias públicas sin coacciones, sin triquiñuelas, manipulaciones, o desbalances en la interpretación de las normas convenidas para favorecer a la tolda política a la que son afines sus rectores. Un Poder Moral, que sea garante de la transparencia de la gestión y obligue a la rendición de cuentas; que exija y vele por los derechos humanos de los ciudadanos, y no brinde solidaridades partidistas automáticas. Es vital que las Fuerzas Armadas Nacionales dejen de rendir culto y jurar en nombre de un comandante eterno; que defiendan y hagan respetar la soberanía nacional y su norte sea el respeto a la República y no un proyecto que obliga a pararse firme al grito de ¡Patria Socialista, viviremos! Lo esencial es la restitución de la libre participación política, derrotar la hegemonía comunicacional e institucional, y sobre todo imponer el respeto a los derechos humanos. Que no se politice la justicia, ni se enjuicie y persiga la participación política. El rescate institucional, contrario a los otros puntos de agenda prioritarios para la Unidad Democrática, no debe ser tema controversial ni polémico sino el punto de encuentro donde todos deben coincidir.
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