La mafia de los medicamentos / El escenario

Enviado por Mariolga

Un viejo nudo de corrupción

Carlos Pagni /LA NACION

¿Fue la campaña electoral de Cristina Kirchner la coartada de una operación de lavado de dinero de la que participaron droguerías salpicadas por el narcotráfico? ¿Seguirá el matrimonio Moyano los pasos del matrimonio Zanola por la malversación de subsidios a la salud a través de empresas farmacéuticas?

¿Le quitarán al juez Claudio Bonadío la investigación sobre Hugo Moyano para pasársela al juez Norberto Oyarbide? ¿Alguien del Gobierno presiona a Oyarbide para que involucre al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández en los fraudes de las droguerías? ¿Cuál es el grado de independencia política de Oyarbide? Si este inventario de interrogantes está, de por sí, cargado de sordidez, las respuestas son todavía más deprimentes.

Sin embargo, la combinación, por momentos casual, de descuidos, oportunismos, enfrentamientos facciosos y conductas valerosas está sacando a luz el viejo nudo de corrupción en el que se cruzan el sistema de salud, las organizaciones sindicales y el financiamiento político. ¿Alguien puede hoy controlar esta dinámica? ¿O es otro signo de la declinación de los Kirchner?

Un empresario farmacéutico quebrado, Gabriel Brito, declaró ante el juez Oyarbide que en agosto de 2007 entregó varios cheques al dueño de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, que está preso con el sindicalista bancario Juan José Zanola por la adulteración de remedios. Brito dijo desconocer el destino que les darían a esos cheques. Su nombre apareció después como el de uno de los mecenas de la campaña de Cristina Kirchner, con $ 310.000. Pero él dice no haber hecho aporte alguno. ¿De dónde salió entonces el dinero?

La pregunta lleva a otro movimiento de fondos. Para la misma época, en la cuenta de otra droguería de Lorenzo, Multipharma, se registró un depósito en efectivo de $ 2.800.000. Ese dinero se extrajo después con cheques a nombre de San Javier, que fueron endosados y transferidos a cooperativas de crédito. Cuatro de esos cheques se destinaron al Frente para la Victoria. ¿De dónde salieron los $ 2.800.000? Oyarbide todavía no tiene la respuesta y por eso la Sala II de la Cámara Federal Penal -que integran Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah- le ordenó seguir la ruta del dinero. También debería hacerlo la jueza María Servini de Cubría, responsable de controlar el financiamiento de los partidos.

Detalles comprometedores

Al ministro del Interior, Florencio Randazzo, le encargaron la abnegada misión de exculpar a la señora de Kirchner y a su administración de estas irregularidades. Randazzo dijo que el fraude de los medicamentos está desconectado de la recolección de fondos de campaña.

Para adherir a esa tesis hace falta olvidar algunos detalles. El responsable de los subsidios que recibían las droguerías de Lorenzo a partir de expedientes falsos era el superintendente de Salud Héctor Capaccioli, que a la vez se desempeñaba como recaudador del proselitismo de la Presidenta. Brito declaró que de ese negocio participaba también el neurólogo Néstor Vázquez. Vázquez fue gerente general de Capaccioli en la Superintendencia, y es señalado por innumerables fuentes sindicales y sanitarias como socio oculto de Lorenzo en San Javier. La Cámara le encomendó a Oyarbide que investigara la relación entre Lorenzo y el fideicomiso que la obra social Solidaridad, de la Bancaria, constituyó con el grupo Bapro. El autor intelectual de ese fondo fue Vázquez, como consta en las actas del congreso que celebraron los bancarios en 2008.

Para debilitar más la teoría de Randazzo, la Cámara también le reprochó a Oyarbide no haber investigado las comunicaciones que existieron entre el teléfono N° 5-182-4353, de Lorenzo, y los teléfonos de Capaccioli, Sebastián Gramajo, Hernán Diez y Enrique Dratman, entre otros. Gramajo fue legislador porteño y uno de los recaudadores del Frente para la Victoria en la ciudad. Diez es director de Lotería Nacional. Dratman es el esposo de Diana Conti, diputada y representante oficialista en el Consejo de la Magistratura. Los camaristas reprodujeron en su resolución jugosísimas conversaciones telefónicas entre ellos.

Como Capaccioli, Gramajo y Diez reportaban en el kirchnerismo porteño a Alberto Fernández, en el Gobierno habría algún interesado en complicar al ex jefe de Gabinete en esta causa. ¿Es una venganza por el distanciamiento de Fernández con el oficialismo? ¿Es un intento de interrumpir sus habituales recorridos mediáticos? Lo único que se sabe es que, desde el propio juzgado de Oyarbide, salió un mensaje para Fernández con la advertencia de que alguien identificado con Kirchner se interesó en que las investigaciones se orienten también hacia él. Es posible que el antiguo colaborador del matrimonio presidencial ya haya recibido ese aviso.

El nivel de manipulación política que se ejerce sobre Oyarbide y sus pesquisas es una de las incógnitas más atractivas de la actualidad, que da lugar a varias leyendas urbanas, entre las cuales hay una sobre una supuesta visita del juez a Néstor Kirchner a mediados de noviembre pasado. Varios magistrados comentan que Oyarbide es un experto en hacer equilibrio entre las múltiples causas que maneja. Es capaz de exculpar a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito y de poner en la picota a Ricardo Jaime por las dádivas que habría recibido. Mantiene preso a Zanola, a quien la Presidenta definía hace un tiempo como "un compañero que está muy cerca nuestro", y también va contra Mauricio Macri por las actividades del espía Ciro James. ¿Será Capaccioli el encargado de equilibrar el eventual procesamiento de Macri? En el entorno del jefe de gobierno dan por segura esa medida y la atribuyen a una decisión política. Vale la pena consignar un testimonio que el propio Macri escuchó del ex senador Héctor Maya, su aliado en el PJ entrerriano. Maya le dijo a Macri: "Oyarbide te va a procesar porque tiene la orden del Gobierno. El no es libre, igual que Servini, que mantiene preso al PJ. Lo escuché de boca del propio Oyarbide, que me dijo que no tenía pruebas contra el Fino Palacios, pero que debía ir para arriba hasta procesarte a vos, por presión de los K". Maya conoce bien a Oyarbide y valora su pericia: fue quien lo defendió en el Senado durante el juicio político al que lo sometieron en 2001.

Sospechas

Si el rol de Oyarbide fuera el que le asigna Maya, tendrían sentido las sospechas que se escuchan en estos días en el juzgado federal de Bonadío. Este magistrado allanó el viernes, por tercera vez, el sindicato de Moyano, como parte de una investigación más antigua referida también al reparto irregular de subsidios para las obras sociales. Sin embargo, en el expediente de Oyarbide también aparecieron testimonios que involucrarían a Moyano. Por ejemplo, una conversación entre una droguera procesada y un tal Marcos, que sería Marcos Hendler, el titular de Urbana. Esta droguería es la proveedora exclusiva de la obra social de los camioneros, que administra Liliana Zulet, la esposa de Moyano, a través de una gerenciadora privada. La charla versó sobre la entrega de troqueles falsos para cobrar subsidios sin contraprestación. Entre los colaboradores de Bonadío se teme que, con la excusa de esas comunicaciones, Oyarbide capture la causa contra Moyano. Tal vez al secretario de la CGT le entusiasme la idea. Es que Bonadío suele ser riguroso con los secretarios: que lo digan si no los de Cristina Kirchner, a quienes sigue examinando por su enriquecimiento, a pesar de varios pedidos de clemencia.