Por: VenEconomía
El afán de los "revolucionarios" bolivarianos de apropiarse de lo ajeno, está redoblando su impulso.
Todo comenzó con el afán del gobierno de apropiarse de terrenos agrícolas en plena producción, basándose en la inconstitucional Ley de Tierras y mediante el mal llamado "rescate" de propiedades grandes y pequeñas tales como La Marqueseña, El Frío, Piñero, El Cedral, El Charcote; o las tierras productoras de caña de azúcar del Valle de Quibor; y más recientemente, de la hacienda La Carolina, de Diego Arria.
Luego el gobierno empezó a adueñarse de propiedades urbanas - edificios, terrenos dedicados a la pequeña y mediana industria y centros comerciales.
Ahora, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) se está volcando contra tierras pobladas, arrebatándole a sus propietarios los derechos constitucionales sobre sus bienes.
El pasado dos de julio, el INTI publicó en la prensa regional del Estado Nueva Esparta, un cartel de notificación declarando como tierras "incultas u ociosas" a 521 hectáreas de terrenos poblados en los municipios Arismendi, Maneiro y Díaz, la mayoría de ellos urbanizados.
Lo insólito de esa declaratoria es que se basa en un decreto dictado en 1987, por el entonces presidente Jaime Lusinchi, que dictaminaba que estas 521 hectáreas tenían vocación agrícola. Al desempolvar este obsoleto decreto, el INTI no tomó en cuenta que esas tierras fueron urbanizadas por el mismo Estado, que las dotó de servicios e infraestructura, que luego vendió a particulares y que en ellas están asentadas las poblaciones de La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato, Agua de Vaca y Los Cerritos. Menos aún tomó en consideración el Ejecutivo que en estas comunidades viven desde hace 20 años, o más, unas 6.000 familias, entre propietarias y residentes, para un aproximado de 30.000 personas que estarían afectadas por la medida.
La medida cautelar que ahora impide la venta y disposición de las propiedades también pasó por alto que estas personas en su mayoría tienen sus papeles de propiedad en regla, que pagan impuestos municipales y que la Constitución ampara sus derechos de propiedad.
Luego de causar zozobra generalizada en la población de esa zona, el Ministerio de Agricultura "aclaró" que sólo 300 hectáreas serían las afectadas por estar "ociosas", y que no existía peligro de expropiación. Sin embargo, los afectados siguen preocupados porque, por un lado, más del 80% de las tierras están habitadas, y por otro, el Ejecutivo aún mantiene una medida cautelar que les prohíbe vender, alquilar, remodelar, hipotecar o hacer ningún tipo de trámites con sus propiedades.
Este caso es solo una muestra de la intensificación de los ataques del gobierno en contra de la propiedad privada, en su empeño de instaurar un régimen comunista, donde no exista propiedad privada de ningún tipo.
Todo comenzó con el afán del gobierno de apropiarse de terrenos agrícolas en plena producción, basándose en la inconstitucional Ley de Tierras y mediante el mal llamado "rescate" de propiedades grandes y pequeñas tales como La Marqueseña, El Frío, Piñero, El Cedral, El Charcote; o las tierras productoras de caña de azúcar del Valle de Quibor; y más recientemente, de la hacienda La Carolina, de Diego Arria.
Luego el gobierno empezó a adueñarse de propiedades urbanas - edificios, terrenos dedicados a la pequeña y mediana industria y centros comerciales.
Ahora, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) se está volcando contra tierras pobladas, arrebatándole a sus propietarios los derechos constitucionales sobre sus bienes.
El pasado dos de julio, el INTI publicó en la prensa regional del Estado Nueva Esparta, un cartel de notificación declarando como tierras "incultas u ociosas" a 521 hectáreas de terrenos poblados en los municipios Arismendi, Maneiro y Díaz, la mayoría de ellos urbanizados.
Lo insólito de esa declaratoria es que se basa en un decreto dictado en 1987, por el entonces presidente Jaime Lusinchi, que dictaminaba que estas 521 hectáreas tenían vocación agrícola. Al desempolvar este obsoleto decreto, el INTI no tomó en cuenta que esas tierras fueron urbanizadas por el mismo Estado, que las dotó de servicios e infraestructura, que luego vendió a particulares y que en ellas están asentadas las poblaciones de La Ceiba, Atamo Norte y Sur, Catalán, Chinguirito, Sabana de Guacuco, El Hato, Agua de Vaca y Los Cerritos. Menos aún tomó en consideración el Ejecutivo que en estas comunidades viven desde hace 20 años, o más, unas 6.000 familias, entre propietarias y residentes, para un aproximado de 30.000 personas que estarían afectadas por la medida.
La medida cautelar que ahora impide la venta y disposición de las propiedades también pasó por alto que estas personas en su mayoría tienen sus papeles de propiedad en regla, que pagan impuestos municipales y que la Constitución ampara sus derechos de propiedad.
Luego de causar zozobra generalizada en la población de esa zona, el Ministerio de Agricultura "aclaró" que sólo 300 hectáreas serían las afectadas por estar "ociosas", y que no existía peligro de expropiación. Sin embargo, los afectados siguen preocupados porque, por un lado, más del 80% de las tierras están habitadas, y por otro, el Ejecutivo aún mantiene una medida cautelar que les prohíbe vender, alquilar, remodelar, hipotecar o hacer ningún tipo de trámites con sus propiedades.
Este caso es solo una muestra de la intensificación de los ataques del gobierno en contra de la propiedad privada, en su empeño de instaurar un régimen comunista, donde no exista propiedad privada de ningún tipo.
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