En una rueda de prensa, Ortega rechazó las denuncias hechas ayer por Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la supuesta presencia "activa" y "creciente" de 1.500 guerrilleros en Venezuela, y respaldó la decisión del Gobierno de Hugo Chávez de responder con la ruptura de las relaciones bilaterales.
El Gobierno de Colombia "en ejercicio de su soberanía y libertad, puede acudir a las instancias que decida (...) que lo haga, el Estado venezolano se defenderá", respondió Ortega al ser preguntada por la prensa sobre el asunto de la CPI.
"Me llama la atención que dicen tener la prueba" de la presencia de los jefes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, pero se trata, explicó Ortega, "de una prueba preconstituida, que no tuvo control de nadie".
"De todas maneras nosotros nos defenderemos", añadió la fiscal, en caso de que Colombia denuncie a Venezuela ante la CPI.
La información sobre la posibilidad de una denuncia ante la CPI fue dada ayer por el fiscal general colombiano, Guillermo Mendoza Diago.
Dada la "información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, y por el contrario los apoyan", Colombia pudiera "consolidar lo que va a ser la denuncia ante la Corte Penal Internacional", dijo.
Agregó que incluso la Corte podría llegar hasta el presidente Hugo Chávez si esa instancia internacional "lograra establecer que en esos actos coparticipan autoridades venezolanas".
La fiscal general venezolana expresó que su despacho considera que las "pruebas" presentadas por Colombia ante la OEA "no son ciertas", y constituyen "una agresión al Estado venezolano que atenta contra la paz que siempre ha privado en esta región".
Las "falsas" denuncias colombianas "van dirigidas a crear fisuras en la hermandad de los pueblos hermanos de Venezuela y Colombia" y "llevan subrepticiamente un oscuro propósito", aseguró Ortega.
Resaltó que, en todo caso, la exposición del embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, lo único que dejó en claro es que "el Estado colombiano no ha sido suficientemente diligente para controlar (a la guerrilla), ni en el cuidado de sus fronteras, como sí lo ha sido el Gobierno venezolano".
Respecto a la exigencia de sectores opositores venezolanos de que el Gobierno de Chávez demuestre la presunta falsedad de la denuncia colombiana, Ortega señaló que en el derecho internacional prima el "principio universal de la presunción de inocencia".
"Yo no tengo que estar demostrándole a todo el mundo que soy inocente, quien (denuncie lo contrario) tiene que demostrarlo. Nosotros garantizamos la tranquilidad de los ciudadanos, el respeto de las leyes (...) esa es la conducta del Estado venezolano y esa es la forma en que deben vernos todos los Estados", dijo Ortega.
La Fiscalía venezolana "ratifica el apoyo al Ejecutivo Nacional por la decisión adoptada" de romper las relaciones con Colombia, dijo Ortega.
Además de romper "totalmente" las relaciones con Colombia, Chávez decretó ayer la "alerta máxima" en la frontera común para responder a una posible "agresión" por parte del Gobierno del presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe.
En ese sentido, Ortega anunció que la Fiscalía "activó un plan para reforzar la actividad fiscal en los estados fronterizos" con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, con la designación de dos fiscales nacionales en cada una de esas entidades para que detecten "cualquier delito tipificado en las leyes venezolanas".
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