Empresas que toma el Estado disminuyen su producción y afectan la oferta de bienes y servicios Las industrias estatizadas y mal gerenciadas abandonan los proyectos sociales. Tras la destrucción del aparato productivo privado erigido en los últimos 50-60 años en Venezuela
Por: Isaac Mencía/TalCualDigital
Hay políticas públicas y decisiones de gobierno que contribuyen al crecimiento económico, a mejorar la distribución del ingreso y en general a elevar el bienestar colectivo.
Pero, así mismo, hay políticas y decisiones instrumentadas desde el poder que arruinan las economías, les arrebatan la libertad a los ciudadanos, y los lanzan y condenan a la pobreza conjuntamente con sus familias.
Las expropiaciones y confiscaciones pertenecen a este último tipo de políticas y decisiones, como lo testimonian ampliamente los países que tomaron el camino del socialismo y el comunismo marxista.
La estatización de la economía que está adelantando el presidente Chávez y su gobierno mediante una vorágine de expropiaciones y confiscaciones de tierras y empresas privadas, crea todas las condiciones para un aumento inexorable de la pobreza en el país, por dos vías: La primera, por la vía de la destrucción del aparato productivo privado construido en los últimos 50-60 años en Venezuela.
Toda empresa que toma el Estado-gobierno tiende en un plazo muy corto a disminuir su producción, a caer su productividad, afectando la oferta interna de bienes y servicios, lo cual incide en la inflación; decae sensiblemente la inversión y con ello la posibilidad de mantener y crear nuevos empleos.
Esta dinámica económica perversa al afectar la rentabilidad de las empresas estatizadas impide que los beneficios y reivindicaciones laborales conquistados en contrataciones colectivas puedan ser honrados, envileciéndose los sueldos y salarios, prestaciones sociales, y demás beneficios.
EMPLEADOS PÚBLICOS
Adicionalmente, al pasar los trabajadores a ser empleados públicos teniendo como patrón al Estado-gobierno, se colocan en una situación de minusvalía para defender y hacer valer sus derechos, pues el Estado patrono es árbitro y jugador a la vez por cuanto dispone de todos los medios y recursos del poder para desconocer y si es el caso aplastar, cualquier reclamo o protesta de los trabajadores y sus dirigentes sindicales tal como ha acontecido en las empresas estatizadas en Guayana.
Al mismo tiempo, con el chantaje ideológico de que las empresas estatizadas son del pueblo y los trabajadores, pretenden liquidar los sindicatos autónomos, ahogar todo tipo de demanda laboral por más legítima y justa que sea, y convertir a los trabajadores en un ejército de voluntarios al servicio de la revolución.
Quien no se aliste en las filas del socialismo es visto como un potencial enemigo y su estabilidad laboral es violada como acaba de ocurrir con algunos dirigentes sindicales de la empresa Agroisleña recientemente estatizada.
AUMENTA LA POBREZA
El balance final de estos procesos de estatización es empresas quebradas, destrucción de empleos productivos y mayor inflación, factores estos que al producir una caída tanto del ingreso nominal como real de los trabajadores termina aumentando la pobreza.
Es a esto a lo que temen los trabajadores de muchas empresas privadas que se resisten y oponen a la expropiación y/o confiscación de las mismas.
La segunda vía por la cual las expropiaciones y las confiscaciones aumentan la pobreza, es por que en general, las empresas estatizadas terminan convertidas en el corto o mediano plazo en un pesado fardo para las finanzas públicas agravando el déficit fiscal, al tiempo que profundizan la ineficiencia de una burocracia pública que no ha sido seleccionada con base en criterios de meritocracia sino de lealtad incondicional al régimen político de inspiración totalitaria.
Las empresas estatizadas al ser gerenciadas ineficientemente se convierten en un saco roto y en fuente de corrupción, succionando crecientes recursos que dejan de ser invertidos en programas y proyectos sociales imprescindibles para reducir la pobreza, como son: las inversiones en educación, salud, infraestructura física para dotar a la población más pobre de servicios básicos como electricidad, agua, aseo, vialidad, conservación y protección del ambiente, y viviendas.
Por: Isaac Mencía/TalCualDigital
Hay políticas públicas y decisiones de gobierno que contribuyen al crecimiento económico, a mejorar la distribución del ingreso y en general a elevar el bienestar colectivo.
Pero, así mismo, hay políticas y decisiones instrumentadas desde el poder que arruinan las economías, les arrebatan la libertad a los ciudadanos, y los lanzan y condenan a la pobreza conjuntamente con sus familias.
Las expropiaciones y confiscaciones pertenecen a este último tipo de políticas y decisiones, como lo testimonian ampliamente los países que tomaron el camino del socialismo y el comunismo marxista.
La estatización de la economía que está adelantando el presidente Chávez y su gobierno mediante una vorágine de expropiaciones y confiscaciones de tierras y empresas privadas, crea todas las condiciones para un aumento inexorable de la pobreza en el país, por dos vías: La primera, por la vía de la destrucción del aparato productivo privado construido en los últimos 50-60 años en Venezuela.
Toda empresa que toma el Estado-gobierno tiende en un plazo muy corto a disminuir su producción, a caer su productividad, afectando la oferta interna de bienes y servicios, lo cual incide en la inflación; decae sensiblemente la inversión y con ello la posibilidad de mantener y crear nuevos empleos.
Esta dinámica económica perversa al afectar la rentabilidad de las empresas estatizadas impide que los beneficios y reivindicaciones laborales conquistados en contrataciones colectivas puedan ser honrados, envileciéndose los sueldos y salarios, prestaciones sociales, y demás beneficios.
EMPLEADOS PÚBLICOS
Adicionalmente, al pasar los trabajadores a ser empleados públicos teniendo como patrón al Estado-gobierno, se colocan en una situación de minusvalía para defender y hacer valer sus derechos, pues el Estado patrono es árbitro y jugador a la vez por cuanto dispone de todos los medios y recursos del poder para desconocer y si es el caso aplastar, cualquier reclamo o protesta de los trabajadores y sus dirigentes sindicales tal como ha acontecido en las empresas estatizadas en Guayana.
Al mismo tiempo, con el chantaje ideológico de que las empresas estatizadas son del pueblo y los trabajadores, pretenden liquidar los sindicatos autónomos, ahogar todo tipo de demanda laboral por más legítima y justa que sea, y convertir a los trabajadores en un ejército de voluntarios al servicio de la revolución.
Quien no se aliste en las filas del socialismo es visto como un potencial enemigo y su estabilidad laboral es violada como acaba de ocurrir con algunos dirigentes sindicales de la empresa Agroisleña recientemente estatizada.
AUMENTA LA POBREZA
El balance final de estos procesos de estatización es empresas quebradas, destrucción de empleos productivos y mayor inflación, factores estos que al producir una caída tanto del ingreso nominal como real de los trabajadores termina aumentando la pobreza.
Es a esto a lo que temen los trabajadores de muchas empresas privadas que se resisten y oponen a la expropiación y/o confiscación de las mismas.
La segunda vía por la cual las expropiaciones y las confiscaciones aumentan la pobreza, es por que en general, las empresas estatizadas terminan convertidas en el corto o mediano plazo en un pesado fardo para las finanzas públicas agravando el déficit fiscal, al tiempo que profundizan la ineficiencia de una burocracia pública que no ha sido seleccionada con base en criterios de meritocracia sino de lealtad incondicional al régimen político de inspiración totalitaria.
Las empresas estatizadas al ser gerenciadas ineficientemente se convierten en un saco roto y en fuente de corrupción, succionando crecientes recursos que dejan de ser invertidos en programas y proyectos sociales imprescindibles para reducir la pobreza, como son: las inversiones en educación, salud, infraestructura física para dotar a la población más pobre de servicios básicos como electricidad, agua, aseo, vialidad, conservación y protección del ambiente, y viviendas.
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