Por: VenEconomía
La respuesta que está dando el Gobierno bolivariano al problema de la inseguridad en Venezuela no apunta al meollo del asunto. Por el contrario, tiende a agravarlo.
Para comenzar, la Policía Nacional nació con mal pie, y no se termina de enderezar. Creada para unificar los criterios para la actuación policial en la seguridad urbana en todo el territorio nacional, no lo ha logrado y, por el contrario, los ha anarquizado.
Primero, se disolvieron y minimizaron a las policías regionales y municipales en vez de fortalecer y organizarlos para el trabajo integral. Grave error pues estos cuerpos policiales son los que tienen mayor vinculación directa con la gente y la problemática local, algo vital para aportar soluciones efectivas.
Segundo, aún no se ha atacado efectivamente los problemas estructurales del sistema policial, tales como la infiltración de delincuentes en sus filas, lo que evidencia la necesidad de un proceso de selección y reclutamiento más exigente. También, hacen falta políticas laborales y prestacionales que le den mayor calidad de vida a los funcionarios y su núcleo familiar, así como programas educativos no adoctrinadores.
Ahora, en vez de concentrarse en resolver los problemas del sistema policial, el Gobierno ha decidido darle al Ejército y a las milicias funciones de orden público y seguridad ciudadana. Esta decisión del Gobierno es contraproducente y apunta a generar nuevos problemas sin solucionar los viejos.
Por un lado, las Fuerzas Armadas están formadas para la defensa y seguridad de la nación, adiestradas en armas de guerra y preparadas para conflictos armados donde el otro es el enemigo y el objetivo de su fuerza de choque. Las FANB no son las fuerzas de seguridad civil.
Y si poner efectivos del Ejército a velar por los civiles es grave, peor resulta encomendarle a las recién creadas milicias la tarea de seguridad y vigilancia ciudadana. Este nuevo cuerpo paramilitar, no tiene ni la estructuración, ni la organización, ni el entrenamiento ni la formación y muchos menos la independencia de criterios, para una tarea de tal magnitud. Es por decir lo menos, una gran irresponsabilidad otorgarle la potestad a la Milicia de portar armas de guerra, como lo establece el artículo 66 de la recién reformada Ley de la Fuerza Armada Nacional publicada en Gaceta Oficial del martes 22 de marzo.
Se consolida con esto la noción del Pueblo en Armas que pregona el proyecto socialista de Chávez, al cual se le darán "unos cañoncitos bien buenos para el combate urbano", como afirmó en abril de 2010 el mandatario nacional.
Para comenzar, la Policía Nacional nació con mal pie, y no se termina de enderezar. Creada para unificar los criterios para la actuación policial en la seguridad urbana en todo el territorio nacional, no lo ha logrado y, por el contrario, los ha anarquizado.
Primero, se disolvieron y minimizaron a las policías regionales y municipales en vez de fortalecer y organizarlos para el trabajo integral. Grave error pues estos cuerpos policiales son los que tienen mayor vinculación directa con la gente y la problemática local, algo vital para aportar soluciones efectivas.
Segundo, aún no se ha atacado efectivamente los problemas estructurales del sistema policial, tales como la infiltración de delincuentes en sus filas, lo que evidencia la necesidad de un proceso de selección y reclutamiento más exigente. También, hacen falta políticas laborales y prestacionales que le den mayor calidad de vida a los funcionarios y su núcleo familiar, así como programas educativos no adoctrinadores.
Ahora, en vez de concentrarse en resolver los problemas del sistema policial, el Gobierno ha decidido darle al Ejército y a las milicias funciones de orden público y seguridad ciudadana. Esta decisión del Gobierno es contraproducente y apunta a generar nuevos problemas sin solucionar los viejos.
Por un lado, las Fuerzas Armadas están formadas para la defensa y seguridad de la nación, adiestradas en armas de guerra y preparadas para conflictos armados donde el otro es el enemigo y el objetivo de su fuerza de choque. Las FANB no son las fuerzas de seguridad civil.
Y si poner efectivos del Ejército a velar por los civiles es grave, peor resulta encomendarle a las recién creadas milicias la tarea de seguridad y vigilancia ciudadana. Este nuevo cuerpo paramilitar, no tiene ni la estructuración, ni la organización, ni el entrenamiento ni la formación y muchos menos la independencia de criterios, para una tarea de tal magnitud. Es por decir lo menos, una gran irresponsabilidad otorgarle la potestad a la Milicia de portar armas de guerra, como lo establece el artículo 66 de la recién reformada Ley de la Fuerza Armada Nacional publicada en Gaceta Oficial del martes 22 de marzo.
Se consolida con esto la noción del Pueblo en Armas que pregona el proyecto socialista de Chávez, al cual se le darán "unos cañoncitos bien buenos para el combate urbano", como afirmó en abril de 2010 el mandatario nacional.
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