El Senado español aprobó hoy una moción en la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para que diplomáticos españoles y de la UE puedan visitar a la jueza venezolana Lourdes Afiuni y sean observadores en el juicio contra ella que tendrá lugar el próximo viernes 1 de abril.
La comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (la cámara alta del Parlamento español) dio luz verde a una enmienda transaccionada entre los nacionalistas catalanes de CiU y el conservador Partido Popular (PP) a una moción que este último partido registró el pasado 1 de febrero interesándose por la situación de la jueza Afiuni.
En la moción se insta asimismo al Gobierno español a que "de forma inmediata" informe a la Cámara sobre las gestiones realizadas ante Venezuela sobre este caso "y el resultado de las mismas".
"Tenemos siete días para intentar impedir que se consuma una injusticia", señaló el senador del PP Dioniosio García Carnero.
Recalcó que la situación de Afiuni es "urgente, trágica e injusta" y así lo han denunciado organizaciones internacionales del prestigio de Human Right Watch.
García Carnero dijo que si se permitió a la jueza salir de prisión y permanecer en arresto domiciliario -con la prohibición de recibir visitas y hacer declaraciones a los medios de comunicación- fue porque tuvo que ser intervenida quirúrgicamente "para borrar las huellas de los maltratos y las violaciones" que sufrió en la cárcel.
Afiuni está presa desde hace catorce meses por liberar y facilitar presuntamente la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales sobre una partida de 27 millones de dólares.
El senador del PP recordó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó la detención de la jueza en un programa de televisión y pidió que fuese condenada a la "pena máxima de 30 años", por considerar que "es una bandida" que participó en el presunto plan de fuga de Cedeño.
"Nos tememos que se produzca una pantomima de juicio y sea condenada de antemano", señaló García Carnero quien, por este motivo, elogió la enmienda de CiU como el camino "más útil, práctico y rápido" para ayudar a Afiuni.
El senador de Convergencia i Unió (CiU) Joan María Roig destacó que el caso de la jueza Afiuni es "una injusticia absoluta" y aseguró que las iniciativas que ha aprobado la Cámara Alta sobre este asunto no han caído "en saco roto" sino que han tenido una "repercusión directa y positiva" en su situación.
El representante del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el senador Luis Salvador, explicó que el Gobierno está realizando gestiones ante las autoridades venezolanas y en los foros internacionales en favor de la jueza.
El senador socialista recordó que se trata de un Estado juzgando a uno de sus nacionales, por lo que "la vía diplomática es la única capaz de lograr resultados".
La comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (la cámara alta del Parlamento español) dio luz verde a una enmienda transaccionada entre los nacionalistas catalanes de CiU y el conservador Partido Popular (PP) a una moción que este último partido registró el pasado 1 de febrero interesándose por la situación de la jueza Afiuni.
En la moción se insta asimismo al Gobierno español a que "de forma inmediata" informe a la Cámara sobre las gestiones realizadas ante Venezuela sobre este caso "y el resultado de las mismas".
"Tenemos siete días para intentar impedir que se consuma una injusticia", señaló el senador del PP Dioniosio García Carnero.
Recalcó que la situación de Afiuni es "urgente, trágica e injusta" y así lo han denunciado organizaciones internacionales del prestigio de Human Right Watch.
García Carnero dijo que si se permitió a la jueza salir de prisión y permanecer en arresto domiciliario -con la prohibición de recibir visitas y hacer declaraciones a los medios de comunicación- fue porque tuvo que ser intervenida quirúrgicamente "para borrar las huellas de los maltratos y las violaciones" que sufrió en la cárcel.
Afiuni está presa desde hace catorce meses por liberar y facilitar presuntamente la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales sobre una partida de 27 millones de dólares.
El senador del PP recordó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó la detención de la jueza en un programa de televisión y pidió que fuese condenada a la "pena máxima de 30 años", por considerar que "es una bandida" que participó en el presunto plan de fuga de Cedeño.
"Nos tememos que se produzca una pantomima de juicio y sea condenada de antemano", señaló García Carnero quien, por este motivo, elogió la enmienda de CiU como el camino "más útil, práctico y rápido" para ayudar a Afiuni.
El senador de Convergencia i Unió (CiU) Joan María Roig destacó que el caso de la jueza Afiuni es "una injusticia absoluta" y aseguró que las iniciativas que ha aprobado la Cámara Alta sobre este asunto no han caído "en saco roto" sino que han tenido una "repercusión directa y positiva" en su situación.
El representante del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el senador Luis Salvador, explicó que el Gobierno está realizando gestiones ante las autoridades venezolanas y en los foros internacionales en favor de la jueza.
El senador socialista recordó que se trata de un Estado juzgando a uno de sus nacionales, por lo que "la vía diplomática es la única capaz de lograr resultados".
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