Por: VenEconomía
Este martes 21 de junio, la bancada oficialista de la Asamblea Nacional de nuevo rompió la línea de la inmoralidad al tratar de manipular la realidad sobre la dramática situación que viven miles de venezolanos.
Contra lo que podría pensarse, el Parlamento no analizó la grave situación que reventó con el motín de El Rodeo, hace ya más de once días. Ni se abocó a recoger y acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que viene ordenando desde 2009 al Estado venezolano que adopte "las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad, para evitar heridas y muertes violentas".
Los parlamentarios rojos se dedicaron a cambiarle el foco al problema y a diluir responsabilidades con las consabidas acusaciones a mansalva en contra de los parlamentarios de la oposición y medios de comunicación.
La agenda del día incluyó la discusión de las propuestas de Yelitze Santaella, diputada del PSUV y presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional que, entre otras, solicitaba:
1) Una moción para "rechazar y deplorar la actitud inhumana y con pretensiones desestabilizadoras de factores de la oposición que han contribuido a crear un clima de inestabilidad entre las familias de los privados de libertad".
2) El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados que supuestamente incitaron a la violencia y se extralimitaron en sus funciones.
3) La destitución del diputado de la oposición, William Ojeda, de la Vicepresidencia de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. A este Diputado se le achaca la manida acusación de "incitación a la violencia" además de "deformación informativa sobre la situación carcelaria", cuando lo que realmente hizo fue ejercer su mandato legislativo como Vicepresidente de esa misma Comisión.
4) La apertura de una investigación a diversos medios privados que supuestamente han divulgado los acontecimientos en El Rodeo, "con un tratamiento informativo tergiversado y desestabilizador".
Excepto por el allanamiento a la inmunidad de los parlamentarios, las propuestas fueron acogidas casi en su totalidad, incluyendo: La injustificable destitución de Ojeda de la Comisión y un inconcebible reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo "por el restablecimiento de la legalidad y la gobernabilidad en los recintos penitenciarios, con pleno apego a los Derechos Humanos".
Lo usual en la jornada parlamentaria de este martes fue ver a los parlamentarios rojos saltar toda institucionalidad democrática para imponer la línea de la dictadura.
Lo positivo, fue ver a los diputados de la oposición unidos contraponiéndose con determinación a la barbarie dictatorial de los rojos diputados.
Lo inaudito y grave fue que no se planteó solución alguna para la crisis del sistema penitenciario ni se discutió sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.
Contra lo que podría pensarse, el Parlamento no analizó la grave situación que reventó con el motín de El Rodeo, hace ya más de once días. Ni se abocó a recoger y acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que viene ordenando desde 2009 al Estado venezolano que adopte "las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad, para evitar heridas y muertes violentas".
Los parlamentarios rojos se dedicaron a cambiarle el foco al problema y a diluir responsabilidades con las consabidas acusaciones a mansalva en contra de los parlamentarios de la oposición y medios de comunicación.
La agenda del día incluyó la discusión de las propuestas de Yelitze Santaella, diputada del PSUV y presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional que, entre otras, solicitaba:
1) Una moción para "rechazar y deplorar la actitud inhumana y con pretensiones desestabilizadoras de factores de la oposición que han contribuido a crear un clima de inestabilidad entre las familias de los privados de libertad".
2) El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados que supuestamente incitaron a la violencia y se extralimitaron en sus funciones.
3) La destitución del diputado de la oposición, William Ojeda, de la Vicepresidencia de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario. A este Diputado se le achaca la manida acusación de "incitación a la violencia" además de "deformación informativa sobre la situación carcelaria", cuando lo que realmente hizo fue ejercer su mandato legislativo como Vicepresidente de esa misma Comisión.
4) La apertura de una investigación a diversos medios privados que supuestamente han divulgado los acontecimientos en El Rodeo, "con un tratamiento informativo tergiversado y desestabilizador".
Excepto por el allanamiento a la inmunidad de los parlamentarios, las propuestas fueron acogidas casi en su totalidad, incluyendo: La injustificable destitución de Ojeda de la Comisión y un inconcebible reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo "por el restablecimiento de la legalidad y la gobernabilidad en los recintos penitenciarios, con pleno apego a los Derechos Humanos".
Lo usual en la jornada parlamentaria de este martes fue ver a los parlamentarios rojos saltar toda institucionalidad democrática para imponer la línea de la dictadura.
Lo positivo, fue ver a los diputados de la oposición unidos contraponiéndose con determinación a la barbarie dictatorial de los rojos diputados.
Lo inaudito y grave fue que no se planteó solución alguna para la crisis del sistema penitenciario ni se discutió sobre las violaciones de los derechos humanos en el país.
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