El Senado de España pidió hoy al Gobierno que informe de las gestiones y medidas adoptadas ante Venezuela para que autorice la visita de una delegación de esa cámara a la jueza María Lourdes Afiuni Mora, encarcelada por dictar una sentencia a favor del empresario Eligio Cedeño.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó una moción del opositor Partido Popular (PP) en ese sentido, ante la falta de información sobre una cuestión que también fue demandada al Gobierno español mediante otra iniciativa que salió adelante el pasado 24 de marzo.
La jueza venezolana, en arresto domiciliario, fue detenida en diciembre de 2009 y está a la espera de que se celebre un juicio por liberar al empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 por efectuar operaciones cambiarias ilegales sobre una partida de 27 millones de dólares.
Tras relatar las "durísimas condiciones" a las que ha tenido que hacer frente Afiuni en la cárcel por coincidir con presas a las que ella misma condenó, la portavoz del PP María José de la Fuente insistió en que hay "dudas" de que el juicio que se lleve a cabo con las mínimas garantías legales.
Así, abundó en la situación de "indefensión" jurídica de la jueza, quien después de dictar esa sentencia fue sometida a una "operación de descrédito" por parte de las autoridades venezolanas, en lo que consideró una nueva "muestra de invasión del Ejecutivo sobre el poder judicial" venezolano.
También aludió al "miedo" y al "temor" que sienten el resto de jueces venezolanos al dictar sentencias que puedan molestar al poder ejecutivo, ante la posibilidad de que tengan consecuencias como las sufridas por Afiuni.
Por todo ello, emplazó al Gobierno a que diga en qué medida está participando España para que haya observadores internacionales que den fe de que las vistas orales y el posterior juicio se celebren con todas las garantías.
"Queremos saber lo que está pasando", apuntó la parlamentaria.
Desde el gobernante Partido Socialista, el senador Miguel Ángel Urquiza, quien había presentado sin éxito una enmienda para tratar de consensuar la moción, dijo que "el Gobierno está haciendo lo que debe, interesándose tanto a nivel diplomático como en el seno de la delegación de la UE" que supervisa este asunto.
Añadió que el Ejecutivo español está actuando en todos los foros internacionales y fundamentalmente en los de defensa de los derechos humanos vinculados en la ONU, e insistió en que "no puede interferir en el funcionamiento de la justicia de un país soberano como es Venezuela, cuyo Gobierno ha sido elegido democráticamente".
FL/Globovisión/EFE
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado aprobó una moción del opositor Partido Popular (PP) en ese sentido, ante la falta de información sobre una cuestión que también fue demandada al Gobierno español mediante otra iniciativa que salió adelante el pasado 24 de marzo.
La jueza venezolana, en arresto domiciliario, fue detenida en diciembre de 2009 y está a la espera de que se celebre un juicio por liberar al empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 por efectuar operaciones cambiarias ilegales sobre una partida de 27 millones de dólares.
Tras relatar las "durísimas condiciones" a las que ha tenido que hacer frente Afiuni en la cárcel por coincidir con presas a las que ella misma condenó, la portavoz del PP María José de la Fuente insistió en que hay "dudas" de que el juicio que se lleve a cabo con las mínimas garantías legales.
Así, abundó en la situación de "indefensión" jurídica de la jueza, quien después de dictar esa sentencia fue sometida a una "operación de descrédito" por parte de las autoridades venezolanas, en lo que consideró una nueva "muestra de invasión del Ejecutivo sobre el poder judicial" venezolano.
También aludió al "miedo" y al "temor" que sienten el resto de jueces venezolanos al dictar sentencias que puedan molestar al poder ejecutivo, ante la posibilidad de que tengan consecuencias como las sufridas por Afiuni.
Por todo ello, emplazó al Gobierno a que diga en qué medida está participando España para que haya observadores internacionales que den fe de que las vistas orales y el posterior juicio se celebren con todas las garantías.
"Queremos saber lo que está pasando", apuntó la parlamentaria.
Desde el gobernante Partido Socialista, el senador Miguel Ángel Urquiza, quien había presentado sin éxito una enmienda para tratar de consensuar la moción, dijo que "el Gobierno está haciendo lo que debe, interesándose tanto a nivel diplomático como en el seno de la delegación de la UE" que supervisa este asunto.
Añadió que el Ejecutivo español está actuando en todos los foros internacionales y fundamentalmente en los de defensa de los derechos humanos vinculados en la ONU, e insistió en que "no puede interferir en el funcionamiento de la justicia de un país soberano como es Venezuela, cuyo Gobierno ha sido elegido democráticamente".
FL/Globovisión/EFE
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