Por: Teodoro Petkoff/TalCualDigital
Ayer insistimos en la necesidad de desmilitarizar la custodia de las cárceles, o, dicho en dos platos, sacar a la Guardia Nacional del ejercicio de tal función. No sólo porque, hasta donde sepamos, en casi todos los países ese cometido está a cargo de funcionarios civiles especialmente entrenados y formados para tal fin, sino porque todas las evidencias apuntan hacia un grado extremo de corrupción en el comportamiento de ese cuerpo militar en los penales, donde desde el tráfico de estupefacientes hasta el de armas cuentan entre sus principales protagonistas a personal de la Guardia Nacional "Bolivariana".
Pero existe otra medida, también de extraordinaria importancia, que es la de descentralizar la administración de los penales, es decir, transferir ésta a las gobernaciones de los estados. Basta con meter el ojo en los enormes perjuicios que ha causado a la administración pública el enloquecido proceso de recentralización adelantado por el presente gobierno para percibir, sin mayor dificultad, que la delegación de funciones de la administración central a la regional mejoró significativamente el manejo del Estado durante el breve tiempo en que tal proceso se adelantó, hasta que llegó Atila Chávez para liquidarlo y echar atrás todo lo que se había avanzado.
La transferencia de las cárceles a las gobernaciones luce, en general, al igual que todas las medidas de descentralización, como un efectivo instrumento para inaugurar una nueva época en la superación de las gravísimas dolencias que afectan al sistema penitenciario. Está más que demostrado que el manejo de las cárceles desde el Ministerio del Interior es un fracaso. El ministerio no puede con esa carga, ni siquiera si sus titulares le pusieran empeño al asunto, que no es el caso, porque los gobiernos no sienten ninguna presión social para atender moderna y civilizadamente a quienes van a parar a las prisiones, de modo que la cuestión penitenciaria no entra en sus prioridades.
Son necesarias tragedias espantosas como las de El Rodeo para que los altos funcionarios echen una ojeada al asunto y regurgiten algunas frases de ocasión. En cualquier país democrático por mucho menos que lo de El Rodeo el funcionario encargado de los penales sería destituido o presentaría su renuncia, tal como lo ha exigido la MUD. El ministro El Aissami no siente ninguna obligación de renunciar cosa que por un mínimo de sentido de responsabilidad debería hacer porque, en el fondo, la suerte de los presos no es asunto que le quite el sueño a la mayor parte de la sociedad, ni entre los ricos ni entre los pobres, y no existe presión alguna para que salga de un cargo que, obviamente, le queda grande. No nos cansaremos de señalar que mientras para la mayoría de la gente, como resultado del gravísimo problema delincuencial existente en el país (otra responsabilidad que se le ha escapado de las manos al gobierno y, en particular, al ministro del Interior), las muertes en las cárceles son vistas, por decir lo menos, con desaprensión por no decir simpatía.
Eso casi exime al gobierno de todo sentido de urgencia y emergencia en el tratamiento del problema. Pierde de vista la mayoría de las personas que eso no es sino amolar cuchillo para la garganta propia. ¿Nos preocupa la criminalidad existente? Entonces sepamos que el infierno carcelario se cuenta entre los principales factores criminógenos del país.
Pero existe otra medida, también de extraordinaria importancia, que es la de descentralizar la administración de los penales, es decir, transferir ésta a las gobernaciones de los estados. Basta con meter el ojo en los enormes perjuicios que ha causado a la administración pública el enloquecido proceso de recentralización adelantado por el presente gobierno para percibir, sin mayor dificultad, que la delegación de funciones de la administración central a la regional mejoró significativamente el manejo del Estado durante el breve tiempo en que tal proceso se adelantó, hasta que llegó Atila Chávez para liquidarlo y echar atrás todo lo que se había avanzado.
La transferencia de las cárceles a las gobernaciones luce, en general, al igual que todas las medidas de descentralización, como un efectivo instrumento para inaugurar una nueva época en la superación de las gravísimas dolencias que afectan al sistema penitenciario. Está más que demostrado que el manejo de las cárceles desde el Ministerio del Interior es un fracaso. El ministerio no puede con esa carga, ni siquiera si sus titulares le pusieran empeño al asunto, que no es el caso, porque los gobiernos no sienten ninguna presión social para atender moderna y civilizadamente a quienes van a parar a las prisiones, de modo que la cuestión penitenciaria no entra en sus prioridades.
Son necesarias tragedias espantosas como las de El Rodeo para que los altos funcionarios echen una ojeada al asunto y regurgiten algunas frases de ocasión. En cualquier país democrático por mucho menos que lo de El Rodeo el funcionario encargado de los penales sería destituido o presentaría su renuncia, tal como lo ha exigido la MUD. El ministro El Aissami no siente ninguna obligación de renunciar cosa que por un mínimo de sentido de responsabilidad debería hacer porque, en el fondo, la suerte de los presos no es asunto que le quite el sueño a la mayor parte de la sociedad, ni entre los ricos ni entre los pobres, y no existe presión alguna para que salga de un cargo que, obviamente, le queda grande. No nos cansaremos de señalar que mientras para la mayoría de la gente, como resultado del gravísimo problema delincuencial existente en el país (otra responsabilidad que se le ha escapado de las manos al gobierno y, en particular, al ministro del Interior), las muertes en las cárceles son vistas, por decir lo menos, con desaprensión por no decir simpatía.
Eso casi exime al gobierno de todo sentido de urgencia y emergencia en el tratamiento del problema. Pierde de vista la mayoría de las personas que eso no es sino amolar cuchillo para la garganta propia. ¿Nos preocupa la criminalidad existente? Entonces sepamos que el infierno carcelario se cuenta entre los principales factores criminógenos del país.
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