JOSE GUERRA/TalCualDigital
Muchos, con razón, catalogan las elecciones presidenciales a celebrarse el 7 de octubre como decisivas para Venezuela y los venezolanos. Otros consideran que está en juego la democracia. Ciertamente estos comicios son vitales para el país.
Por primera vez en muchos años se presentan dos proyectos claramente diferenciados y también dos estilos de hacer política. El primer proyecto lo encabeza el presidente Chávez y consiste en el llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una especie de mezcla con dos ingredientes difíciles de combinar: por una parte el socialismo de raigambre marxista-leninista-estalinista al estilo soviético-cubano y por la otra, el bolivarianismo.
Es obvio, evidente, que el esquema de socialismo real fracasó rotundamente en todos los países donde se aplicó y apenas quedan dos especies de ánimas en pena en el concierto mundial: la Cuba arruinada que vive de las subvenciones que le envía Venezuela y la monarquía de Corea del Norte, que posee armas atómicas pero no produce alimentos para darle qué comer a su gente.
La tesis esencial del socialismo que propugna el presidente Chávez es la misma que se ensayó en la Unión Soviética desde octubre de 1917 y que resultó en una frustración que llevó a la desintegración de esa nación en 1991. Esa tesis contiene tres elementos fundamentales: hacer al Estado el principal propietario de los medios de producción, convertir a los ciudadanos en especie de siervos del gobierno y profesar el culto a la personalidad de Hugo Chávez.
La ejecución de este proyecto se ha traducido en una importante destrucción del aparato industrial de Venezuela, el fomento indiscriminado de las importaciones, un endeudamiento masivo, la transformación de Pdvsa en una especie de sucursal del partido de gobierno y la corrupción generalizada.
A una parte de los sectores populares le han llegado las transferencias de recursos mediante becas, subsidios a los alimentos, entre otros. Pero todo ello es ínfimo con relación a los gigantescos ingresos que ha recibido Venezuela.
LA ALTERNATIVA
El proyecto alternativo que encabeza Capriles Radonski se basa en el progreso para todos por igual y se trata de una proposición que coloca a la gente como el centro de la acción de gobierno.
La propuesta de progreso para todos por igual tiene una base doctrinaria sólida y a la vez concreta: las condiciones iniciales en que nace un venezolano no deben determinar la vida de ese ciudadano. Es decir, hay que romper con el hecho de que el hijo de un pobre crecerá y morirá pobre. Por tanto, progresar significa que los venezolanos pobres dejen de serlo.
Pero ello no es suficiente. Hay que aspirar a que la brecha entre los diferentes estratos de la población se reduzca de manera tal que sea Venezuela un país más igualitario y equitativo.
Por eso se habla de progreso para todos por igual. En este contexto, el Estado no es un fin en sí mismo sino un instrumento para llevar a cabo las políticas públicas que beneficien a la gente. En la propuesta de Capriles, el Estado y el sector privado se combinan armoniosamente, juegan en equipo para generar empleos, crear oportunidades e incentivar la inversión y el crecimiento de la economía.
Al generarse empleos en el sector privado los trabajadores serán ciudadanos libres que no podrán ser coaccionados por los supervisores de las dependencias estatales que los vigilan permanentemente.
Bajo esta concepción no habrá más expropiaciones a menos que sean plenamente justificadas por el interés nacional y precedidas por el justo pago. La idea del progreso supera claramente a la del socialismo del siglo XXI.
Promueve la propiedad, estimula el emprendimiento y creará riqueza para el disfrute de todos por igual, mediante un sistema impositivo moderno. Con la tesis de Capriles se le dará impulso a la producción nacional mediante incentivos tributarios y laborales para que se creen puestos de trabajo. La empresa privada no será un enemigo sino un aliado.
Capriles va a hacer de Pdvsa una empresa fuerte, concentrada en sus funciones petroleras. Además Capriles va a potenciar la política social y no habrá discriminaciones cuando el Estado ayude a los ciudadanos.
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