JESENIA FREITEZ GUEDEZ/TalCualDigital
La campaña presidencial arrancó con el compromiso de los candidatos de respetar la normativa electoral, incluyendo un acuerdo firmado por ambos comandos para tales efectos.
A pesar de ello, la sede del ente comicial ha sido testigo de las reiteradas denuncias de excesos y abusos formuladas por los comandos de campaña. Las primeras acciones del cuerpo de rectores fueron llamar la atención a los contendores y "esperar a que se ajustaran al reglamento".
Al parecer, al CNE se le han salido de las manos las regulaciones que deben aplicar, al punto de que los comandos, tanto del chavismo como de la oposición, usan el tricolor en sus logos aunque está prohibido en el artículo 75 de la Ley de Procesos Electorales (Lopre), donde se establece que no se pueden utilizar "los símbolos nacionales o regionales de la Patria o la imagen de los Próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o los colores de la Bandera Nacional o regional".
Los grupos políticos han dicho que al no mostrar las 8 estrellas en sus identificadores, técnicamente, el tricolor que usan no es el estandarte patrio. El CNE, sin embargo, sí ha reiterado su llamado a Henrique Capriles para que deje de usar una gorra con el tricolor y las 8 estrellas.
En el Comando Venezuela aseguran que no dejará de usarse porque la prohibición tiene que ver con la propaganda y no con la vestimenta del abanderado.
VIOLACIONES A DIESTRA Y SINIESTRA
Según un informe elaborado por la organización Transparencia Venezuela, desde el 1 de julio hasta el 31 del mismo mes, se han contabilizado por lo menos treinta y tres denuncias, la mayoría de ellas (57%, 58%) por el uso de espacios públicos para la colocación de propaganda electoral, hecho que está penado en el artículo 76 de la Lopre.
Basta con asomarse por el Palacio de Justicia, en Caracas, para notar que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no le ha hecho caso a este artículo. Es más, la propia plaza Diego Ibarra, ubicada frente a la sede del Poder Electoral, se ha visto forrada de afiches alusivos a la candidatura de Hugo Chávez.
La segunda denuncia más reiterada (21,21%) fue por el uso de bienes públicos para proselitismo político, que viola el artículo 221 del Reglamento General de la Lopre, donde se establece que no se debe "usar los locales donde funcione una dependencia gubernamental con fines de proselitismo político". El mismo artículo prohíbe a funcionarios hacer campaña, como se ha señalado que ocurre en Corpoelec.
Transparencia Venezuela destaca que 6,06% de las denuncias tienen que ver con la destrucción de propaganda electoral, 3,03% por desequilibrio en los medios de comunicación y 3,03% por funcionarios que son obligados a participar en actos proselitistas.
Además 3,03% de las denuncias tuvieron que ver con las decisiones técnicas que dificultan el ejercicio del sufragio, específicamente en el caso de la embajada en Nueva Orleans (Estados Unidos) donde sólo se abrirán dos mesas para sufragar el próximo 7 de octubre, siendo que allí recibirán a los votantes que no podrán participar en Miami.
La organización también recibió solicitudes de personas que consideran necesario abrir un centro de votación en la ciudad de Florida, cuyo consulado permanece cerrado.
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