El exmagistrado del TSJ Aponte Aponte hizo una reaparición clamorosa. Desde Estados Unidos, donde está refugiado y protegido, lanzó una bomba atómica, una más del arsenal nuclear que ha venido mostrando desde que saltó la suprema talanquera.
Dijo que él había recibido instrucciones personales de Hugo Chávez en el sentido de que actuara para que fueran condenados a las penas máximas, de treinta años, tanto los excomisarios de la Policía Metropolitana como los Guevara, "acusados" del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Naturalmente, Aponte no recibió esas instrucciones por escrito pero la demostración de su verosimilitud es precisamente el hecho de que los señalados fueron condenados precisamente a treinta años de prisión, exactamente lo que, según Aponte Aponte, le había solicitado Chacumbele.
Es de suponer que a la infortunada juez Afiuni le espera un destino similar, dado que también para ella el caporal pidió la bicoca de treinta años. Por cierto, todas estas sentencias han sido dictadas en juicios chimbos, por jueces obedientes, incapaces de oponerse a una solicitud de Aponte, de quien sabían perfectamente que era el altoparlante de Chacumbele.
Por supuesto cumplieron el mandato. Por si faltaba algún elemento que pudiera confirmar, una vez más, el estricto control que ejerce el Presidente sobre el sistema judicial, lo viene a añadir Aponte Aponte. Efectivamente, el TSJ no es otra cosa que una extensión de Miraflores.
No hay pretensión de palacio que no sea satisfecha con toda prontitud y a completa satisfacción del verdadero presidente del máximo tribunal, Hugo Chávez, quien utiliza el seudónimo de Luisa Estella Morales para fingir que se trata de un poder distinto al suyo.
La verdad es que en nuestro país no existe separación de poderes, como en todas las democracias que se precian de serlo. El máximo tribunal no goza de ninguna autonomía y su existencia constituye una mera formalidad que permite a Chacumbele simular, sobre todo para el extranjero, un régimen donde la justicia es independiente.
Se supone, precisamente, que esa independencia de la justicia, frente a terceros y al propio gobierno, es la garantía para los ciudadanos de que serán tratados conforme a las leyes y no de acuerdo con los caprichos y la voluntad del jefe del Estado.
Por supuesto que en un Estado de Derecho, después de la declaración del exmagistrado, los "juicios" que sirvieron para dictar las monstruosas sentencias conocidas serían revisados de inmediato. Pero el punto es que en este país no existe un Estado de Derecho y la posibilidad de que el propio TSJ, como le correspondería, ordene la reposición de los juicios es poco menos que ninguna.
Sería convalidar la acusación de Aponte Aponte y en el actual estado de cosas en el país no hay juez alguno que se atreva a desafiar el omnímodo poder presidencial.
La triste y lamentable verdad es que los ciudadanos venezolanos están absolutamente desprotegidos en cualquier juicio o recurso que tenga que ver con el poder. Menos ahora, cuando Aponte Aponte reveló, por enésima vez para quienes todavía abrigan algunas dudas, que el rey anda desnudo.
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