En la audiencia preliminar, la fiscal 11° auxiliar de esa jurisdicción con competencia en Defensa Integral del Ambiente, Leslie Amaya, ratificó la acusación contra los citados hombres por la comisión de los delitos de incendio de vegetación natural y actividades en áreas especiales o ecosistemas naturales, previstos y sancionados en la Ley Penal del Ambiente vigente para la fecha en que ocurrió el hecho.
Tales delitos prevén una pena de dos a siete años de prisión para quienes incurran en incendios de vegetación natural y ocupaciones ilícitas en área especiales.
En ese sentido, y ante la contundencia de la acusación presentada por la fiscal, los hombres decidieron admitir los hechos ante el Tribunal 6° de Control del estado Barinas, instancia que acordó la suspensión condicional del proceso por el lapso de un año e impuso la obligación de reforestar en dicho tiempo la zona afectada con 4.000 árboles.
Vale destacar que los citados hombres deberán sembrar plantas de las especies samán, guamo de bejuco, eucalipto, teca y melina; además de recibir una charla de sensibilización ambiental.
El día del hecho, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana realizaban labores de patrullaje en la población de Pedernales, ubicado dentro del parque nacional Tapo-Caparo, municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas.
Allí observaron la destrucción de vegetación alta, mediana y baja de aproximadamente 20 mil metros cuadrados (2 hectáreas con afectación de árboles vivos), con la finalidad de ocupar el terreno para futuras construcciones de viviendas ilegales.
Globovisión/FGR
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