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| Foto de Archivo |
La breve luna de miel entre el presidente Hugo Chávez y los venezolanos que votaron por él a principios de mes parece haber llegado a su fin, ya que cientos de venezolanos salen a las calles diariamente para protestar por la falta de viviendas, la ineficiencia de los servicios públicos y uno de los más altos índices delictivos de América Latina.
Según cifras del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), las manifestaciones de protesta se recrudecieron en las últimas semanas, sumando más de 315 en lo que va de octubre, en una señal de que los ciudadanos están perdiendo la paciencia ante el deterioro de la calidad de vida y la ineficiencia estatal para darles respuesta a los problemas del país.
“La gente va a la calle cuando ya ha pasado por todas las instancias del gobierno y ve que no le responden y no hay ningún tipo de solución”, explicó Marco Antonio Ponce, Coordinador del OVCS, antes de añadir que el venezolano está cada vez más dispuesto a manifestarse pese a que el gobierno de Chávez convirtió la actividad en un delito que puede ser penado con años de cárcel en algunos casos.
“Las protestas son como un efecto dominó, el actor como que se va envalentonando cuando ve que su par está en la calle”, sostuvo.
Evidencia de ello se vio el martes en Caracas, luego de que cientos de taxistas cerraran las principales vías de acceso al sur de la ciudad para protestar por el reciente asesinato de dos de sus compañeros. El cierre de vías dejó a decenas de miles de personas varadas por horas en las calles de la capital, con muchas de ellas imposibilitadas para llegar a sus trabajos.
El problema de la inseguridad personal es el que más aqueja a los residentes del país, donde cerca de 20,000 personas son asesinadas todos los años. Ese número se traduce a una tasa de más de 67 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es dos veces y media más alta que la de Brasil, y más de tres la de México.
Pero la criminalidad no es el único factor de descontento en el país.
Los venezolanos también están saliendo a las calles -en un promedio de 15 manifestaciones diarias- para protestar por el abultado déficit habitacional, demoras en los pagos de obligaciones contractuales por parte de las entidades del Estado, ineficiencia en la prestación de servicios públicos, el alto costo de la vida e incluso el deterioro de las carreteras.
Este último elemento fue el detonante de una manifestación emprendida el miércoles por los residentes del sector de Izcaragua (localidad aledaña al este de Caracas), quienes cerraron por cuatro horas la carretera vieja Petare-Guarenas para protestar la demora de las autoridades para reparar un puente de esa localidad.
Pero el jueves volvió a tocarle el turno a la inseguridad, luego de que 300 mototaxistas cerraron una carretera en Filas de Mariche, a las afueras de Caracas, para protestar por el reciente robo de cuatro de sus unidades.
Esa manifestación se realizaba al tiempo que a 200 kilómetros de Caracas, en Puerto Cabello, trabajadores de la estatal Diques y Astilleros Nacionales C.A. (Dianca) también paralizaron la ciudad para exigir el pago de pasivos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo.
Hasta el momento, la gran mayoría de las manifestaciones han sido de carácter pacífico, pero un incidente registrado la semana pasada generó preocupación entre los analistas, luego de que pasajeros que esperaban la llegada del tren en la localidad de Cua, a 50 kilómetros al sur de Caracas, se enardecieran ante las demoras en el servicio.
La ira degeneró en un tumulto que provocó grandes destrozos, con más de 2,000 furiosos pasajeros que procedieron a destruir la estación rompiendo vidrios, destruyendo taquillas de cobro y dejando a algunos empleados lesionados.
“Los venezolanos, todos, hemos perdido tranquilidad, hemos perdido calma, hemos perdido salud. Ante ese contexto en el que nos estamos moviendo, se produce un retraso en los servicios públicos y entonces vemos como en un instante se produce la detonación de ánimos que están muy caldeados”, dijo la psicóloga social Yorelis Acosta.
Lo de Cua fue una situación extrema, pero la pérdida de tranquilidad y la acumulación de frustraciones ante la incapacidad de las autoridades de brindar respuesta es el mismo factor que está llevando a muchos venezolanos a salir a protestar en las calles.
Acosta dijo no sentirse extrañada ante el elevado número de manifestaciones sociales que registra el país cuando apenas han transcurrido poco más de dos semanas desde que Chávez resultara nuevamente electo.
“Estamos en la misma situación, y estamos en la misma cadena de conflicto porque el 7 de octubre no resolvió nada”, comentó Acosta, quien ha estado estudiando el fenómeno de la protesta en el país.
“El gobierno prometió muchas cosas de cara a lo que fue la campaña electoral del presidente Chávez, y con lo que la gente ahora se encuentra es que no hay capacidad de respuesta por parte del Estado”, explicó Acosta. “Las quejas son las mismas, los retrasos en el pago de pasivos laborales, interrupciones en el servicio público, el tema de los damnificados”.
Las manifestaciones se están acentuando precisamente porque el gobierno prometió durante la campaña electoral atender estos reclamos, asegurando que una vez reelecto el presidente Chávez para un nuevo período de seis años, su gobierno procedería a cancelar deudas salariales, y entregar nuevas viviendas.
“Pero al día siguiente de las elecciones, las casas dejaron de construirse, despidieron empleados y suspendieron turnos. Obviamente eso genera más protestas”, expresó.
Las demoras en la construcción de nuevas viviendas, en medio de las promesas formuladas por Chávez de erradicar en seis años un déficit estimado en tres millones de unidades, generan preocupación entre los millones de venezolanos que han quedado damnificados durante una cadena de inundaciones en los últimos años.
El gobierno no está brindando señales de que podrá cumplir con su promesa, ya que hasta el momento el ritmo de producción de unidades se encuentra muy por debajo a la cantidad necesaria para evitar que el déficit habitacional siga aumentando.
La población damnificada, que buena parte de ella vive en refugios y en hoteles que han sido obligados por el Estado a brindarles albergue, se dan cuenta de esta situación, explicó la psicóloga Rosa María Zulueta.
“Sienten miedo a que si les ofrecieron una casa no se las den. La gente está entrando en un proceso de desespero muy grande y eso de alguna manera está poniendo al gobierno en apuros, porque ellos están tratando de agilizar la construcción de las viviendas pero no han podido cumplirle a una masa importante de familias venezolanas”, sostuvo.
“La gente no está dispuesta a postergar más la esperanza. Hay gente que tiene 14 años esperando respuesta a su problema habitacional desde la tragedia de la Guaira de 1999. Son miles que desde entonces se han quedado esperando y aún no les han resuelto el problema”, dijo.
El Nuevo Herald
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