Un decenio ha transcurrido desde que Venezuela se sumiera en lo que para el momento fue el cuarto paro cívico nacional en apenas 12 meses, entre los años 2001 y 2002.
Aquella huelga general que arrancó el lunes 2 de diciembre de diciembre de 2002 y se prolongó hasta febrero de 2003, perseguía formalmente que el Presidente de la República, Hugo Chávez, aceptara la convocatoria a un referendo consultivo sobre su permanencia como Jefe de Estado. Pero en las calles cientos de miles de personas, incluyendo trabajadores de Pdvsa, exigían que el primer mandatario renunciara y convocara a elecciones.
El paso de los años ha demostrado que el Presidente Chávez entendió que el control absoluto y hegemónico de la industria petrolera era y es fundamental para sostener su proyecto político, que se financia por vías ordinarias y extraordinarias de la renta petrolera más elevada y abundante de la historia del país.
"Ni un paso atrás"
En el año 2002 la fractura interna en Pdvsa era evidente: los que defendían la visión comercial y de negocio de una empresa petrolera, y los que proponían un modelo donde la política sería el signo que marcaría las relaciones de la estatal.
Durante el paro la producción petrolera se desplomó desde casi 3 millones de barriles por día a apenas 25 mil barriles. Ello detuvo las refinerías y obligó a importar cientos de miles de barriles de combustible durante varias semanas.
El cisma que produjo el paro en Pdvsa se saldó con el despido de casi 23.000 trabajadores petroleros (incluyendo 5.600 operadores). Y esto significó la extraordinaria pérdida de miles de profesionales formados en el país y a quienes se les negó la oportunidad de desempeñarse de nuevo en sus áreas de experticia, y llevando a muchos a emigrar.
Tras el paro, de la mano de Alí Rodríguez Araque en la presidencia de Pdvsa y Rafael Ramírez como ministro de Energía y Minas, nació lo que la propaganda oficial bautizó como "la nueva Pdvsa", una empresa que en 2003 debió enfrentar los efectos del paro con una gestión cuando menos desordenada -casi de "transición de crisis"- y que abarcó cambios estructurales, una nueva junta directiva, requisiciones de crudo y derivados a otros países, deudas en divisas e incluso declaratorias de fuerza mayor.
En 2004, y con la flamante Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Presidente ordenó que se iniciara la aplicación de la mayoría accionaria estatal en todos los proyectos petroleros. El objetivo en esta nueva batalla era revertir la Apertura Petrolera, celebrada durante la década de los 90 y satanizada durante los 14 años de Gobierno chavista por "privatizar Pdvsa y regalar el petróleo venezolano". Y el encargado de acometer esta lucha fue Rafael Ramírez, ministro de Energía y quien en julio de 2004 fue nombrado como presidente de Pdvsa.
Una vez que los Convenios Operativos y las Asociaciones Estratégicas de la apertura Petrolera fueron declarados ilegales o extintos por la Asamblea Nacional, se obligó a transnacionales de larga tradición como Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Total o Repsol a plegarse al modelo de mayoría estatal. La reversión de la apertura se concluyó en 2007, conduciendo a varios procesos de arbitraje con reclamos mil millonarios aún pendientes contra Pdvsa y Venezuela, por las nacionalizaciones de los proyectos.
"Roja rojita"
El boom de precios del petróleo le ha permitido al Gobierno convertir a Pdvsa en su gran financista. Y en la concepción de Estado-Gobierno-Partido, el ministerio de Energía, Pdvsa y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido unificados con cadenas de mando similares, donde el ministro Ramírez es vicepresidente del PSUV y presidente de Pdvsa.
Pero la politización de la empresa petrolera y la pérdida de la capacidad de gerencia tras el paro, han conducido a varios problemas en la industria.
En 2005 se anunció el Plan Siembra Petrolera, que contemplaba desembolsos por 123 mil millones de dólares hasta el año 2012 para elevar la producción de petróleo de 3,3 millones de barriles en 2005 a 5,8 millones de barriles diarios hasta el propio año 2012. Pero las metas debieron posponerse una y otra vez, por una empresa sumida en objetivos políticos y sociales distintos al negocio medular, y que con el paso del decenio fue incrementando su nómina hasta más de 100 mil trabajadores petroleros y no petroleros, mientras su producción ha retrocedido de 3,3 millones de barriles diarios en 2001 a 2,99 millones de barriles por día en 2011, y sus exportaciones cayeron de 2,7 millones de barriles en 2001 a 2,4 millones de barriles por día en 2011.
Y mientras se acumula la caída de la producción, la refinación y las exportaciones, las condiciones de seguridad industrial y de mantenimiento son cada día más cuestionadas. Esas dudas fueron coronadas este año por la lamentable explosión en la refinería Amuay, que causó más de 40 muertos y daños aún no cuantificados públicamente por Pdvsa, pero que tres meses después todavía deja consecuencias operativas en la industria petrolera nacional.
El nuevo Plan Siembra Petrolero, ahora con un horizonte de 2012-2019, se basa en un componente importante de endeudamiento de Pdvsa para financiar las inversiones. Pero esas deudas desde 2007 han crecido hasta casi $40 mil millones sin que se ejecuten grandes avances en los proyectos nuevos en la Faja del Orinoco, o en los proyectos de gas Costa Afuera, cuya producción aún no arranca.
Estas son las condiciones en que la Pdvsa "roja rojita" debe abordar sus compromisos operativos, fiscales y sociales; sostenida hasta ahora por el precio del petróleo.
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