El viernes 7 de junio, la red social de twitter fue sorprendida por un mensaje de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, donde informó haber solicitado la aplicación de una medida “menos gravosa a favor de la juez María Afiuni”.
Ese mismo viernes, llegó a tribunales una solicitud de la fiscal 37, Emylce Ramos, para “sustituir el arresto domiciliario dictado contra María Lourdes Afiuni, por una medida cautelar de presentación periódica, a fin de que pueda atender sus problemas de salud”, con el argumento de permitir que “dicha ciudadana se traslade a realizar los chequeos o tratamientos médicos que considere necesario”. La medida incluiría“prohibición de salida del país y la prohibición de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación nacionales e internacionales”.
VenEconomía aplaude esta decisión del Ministerio Público porque, aunque es tardía e incompleta, por lo menos trae un alivio a la situación de la juez Afiuni, presa por mandato de Hugo Chávez desde hace tres años y medio por haber sentenciado a derecho y otorgado la libertad condicional bajo fianza a Eligio Cedeño. Un banquero que era otro preso de Chávez que había excedido el lapso legal de dos años de detención preventiva sin que se le hubiese juzgado por los delitos imputados.
La juez Afiuni en estos más de tres años de encierro ilegal e inmerecido ha sido sometida no solo a un sin fin de malos tratos que han mellado su salud sino que además también ya se sobrepasó el lapso establecido en la ley para imponer una detención preventiva.
Cabe destacar que la medida sustitutiva “menos gravosa” solicitada por el Ministerio Público no es una concesión graciosa que se le da a la juez, sino que es su derecho constitucional, ser juzgada en libertad, por un tribunal imparcial y objetivo sin demoras procesales injustificadas yni manipuladas.
Llama la atención de los analistas que sea justo en estos momentos cuando el Ministerio Público muestre tal benevolencia con la juez Afiuni.
La suspicacia se genera porque esta medida se dicta precisamente al final de la semana en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual 2012 presentó ante la Organización de Estados Americanos una mención especial contra Venezuela que la puso en el ojo del escrutinio internacional por las violaciones a los derechos humanos, precisamente en materia de la administración de justicia. El duro informe señala que en este país se dan “situaciones estructurales que afectan a los derechos humanos a través de cambios legislativos”, además de la gravedad de que exista “provisionalidad de jueces y fiscales, obstáculos a los defensores de los derechos humanos y falta de libertad de expresión”.
Esto hace pensar que tal vez la motivación de la decisión a favor de Afiuni sea mejorar la imagen del sistema de justicia, al sacar del periscopio de la opinión internacional a una de las presas políticas más emblemáticas de esta era.
Pero, para no perder la costumbre de administrar y demorar la justicia a su antojo, el tribunal no ejecutó la medida solicitada ese mismo viernes, negando así una compensación a la juez Afiuni de celebrar su cumpleaños en libertad.
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