La historia de Venezuela registrará este miércoles 7 de agosto como otro día de oscurantismo, donde se reiteraron las violaciones al Estado de Derecho y de Justicia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia este miércoles declaró, de golpe y porrazo, inadmisibles los siete recursos de impugnación del proceso electoral de las presidenciales del 14 de abril introducidos por el líder democrático Henrique Capriles, la Mesa de la Unidad y otros ciudadanos del país, luego de haberlos dejado olvidados por más de 100 largos días, cuando la ley establece un plazo de tres días para dar respuesta a los recursos.
La “justificación” dada por el máximo Tribunal fue que ninguno de los recursos “observaron” los requisitos de admisibilidad que ordenan los artículos 133 y 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Desde el mismo momento en que el Tribunal hizo la jugarreta del avocamiento a la Sala Constitucional para conocer los recursos (cuando lo legal era que lo conociera la Sala Electoral) era de prever que esta sería la respuesta de un poder que ha sido secuestrado al son de ¡Patria Socialista, viviremos y venceremos!
Sin embargo, muchos esperaban que el TSJ realizara un poco más de trabajo argumentativo en los razonamientos. Pero, a falta de bases legales que sustentaran la decisión, el TSJ escogió la más genérica que encontró, pues cualquier persona que se tome la molestia de consultar el contenido de las impugnaciones en la web, podrá percatarse de lo falaz que es la “justificación” del TSJ. Más aún cuando la Misión Europea y el Centro Carter han publicado informes que revelan la poca transparencia e irregularidades cometidas durante las elecciones del 14 de abril.
Esta decisión del TSJ devela a plenitud cuál es el camino que utilizará el gobierno de Nicolás Maduro en su intento de profundizar y atornillar por 100 años la revolución bolivariana: el uso descarado y sin cortapisas de todos los poderes públicos para cerrar el paso electoral a la alternativa democrática.
Un indicio de ello es el haber multado el TSJ a Capriles con 100 unidades tributarias (Bs.10.700) por el supuesto de haber utilizado en el escrito de la demanda de impugnación "conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de esta Sala y otros órganos del Poder Público". Insta además el Tribunal a la Fiscalía General a que “realice un análisis detallado de dichos documentos e inicie las investigaciones que estime necesarias a fin de determinar la responsabilidad penal a que haya lugar".
Es decir, Capriles de demandante pasa a ser demandado y con amplias posibilidades de ser juzgado y condenado, con lo cual el gobierno trata de concretar uno de sus objetivos a corto plazo: el de descabezar el pujante liderazgo de la alternativa democrática. Otro indicio que da el alcance de cuánta barrera legal están dispuestos a saltar son: El despojo con mayoría simple de la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, líder indiscutible en Aragua, y la decisión de la Contraloría General de mantenerle ilegalmente la inhabilitación política a David Uzcátegui, candidato a la Alcaldía de Baruta.
Hay quien dice, que esto no es más que una muestra de lo débil e ilegítimo que está el gobierno de Maduro. Después de todo, si fuese popular con un altísimo nivel de aprobación en las encuestas, no le harían falta trampas y manipulaciones de este tipo para salir bien parado en las elecciones de diciembre.
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