En esta nueva etapa de la revolución castrocomunista, con Nicolás Maduro a la cabeza, la cultura también entrará por el aro de la centralización y control del que es tan dado el gobierno en estos 14 años.
Este martes está pautada la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura gracias a la mano alzada de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional.
Como tantas otras veces en esta era de violaciones constitucionales, una Ley Orgánica será aprobada por mayoría simple parlamentaria, y no con la mayoría calificada como ordena la Constitución para leyes marco que desarrollan principios constitucionales.
También como se ha hecho costumbre en tiempos hegemónicos, donde la participación y la inclusión son bienes escasos, esta Ley será aprobada de espaldas a la mayoría de los sectores involucrados. Un área tan compleja como esta exige que exista un consenso social en la formulación de un derecho humano como es el de la Cultura y no que éste se convierta en un instrumento legal para ser utilizado como una nueva arma de exclusión, discriminación y persecución.
Según expertos en el área como la profesora universitaria, Gisela Kosac, la ley es confusa, difusa y no es clara al definir cuáles son los sujetos del la Ley, además que la misma se moldeó a la imagen y semejanza del Plan de la Patria, y no de la Constitución, donde el Estado es el protagonista, el que difunde, controla y ejecuta.
También para no variar, la ley trae consigo una nueva carga tributaria a las empresas y personas naturales “cuya utilidad neta o ganancia contable anual supere las 20.000 unidades tributarias aportarán el 1% de sus ganancias netas al Fondo Nacional para la Cultura”. Este nuevo tributo viene a sumarse a una carga fiscal que representa entre 60% y 75% de las utilidades netas anuales que debe enfrentar actualmente el sector empresarial, entre los que se cuentan unos 22 tributos y contribuciones especiales, como el ISLR, el IVA, diversas contribuciones laborales, para el deporte, para la discapacidad, contrataciones públicas, turismo, antidrogas, ciencia y tecnología, sin contar los impuestos municipales.
El precedente que establece el Fondo de Ciencia y Tecnología creado por la LOCTI, y la falta de especificación de la nueva Ley sobre los montos y criterios en los que serán invertidos estos tributos, hace prever que este nuevo impuesto será administrado y utilizado discrecionalmente a favor de los intereses del Ejecutivo y no a la promoción real de la Cultura.
Todo hace vaticinar que de nuevo el fin último de los legisladores de la revolución será confiscar la naturaleza libre del venezolano para adecuarla al hombre nuevo que exige el socialismo del siglo XXI, mientras continúa con su política de cercar, pechar y penalizar a granel a las empresas.
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