En la infamante sesión de la Asamblea Nacional de este martes 13, además de los insultos y ataques homofóbicos en contra de representantes de la bancada de la Alianza Democrática, los parlamentarios del oficialismo dieron lectura definitiva y aprobaron la Ley de Compra y Venta de Vehículos automotores nuevos y usados nacionales e importados. Y con ello se fueron al traste las posibilidades de que el Ejecutivo Nacional incorporara algunos de los planteamientos que hiciera el sector automotor.
De los 38 artículos y siete disposiciones transitorias que contiene la nueva normativa, 22 artículos y cuatro disposiciones se dirigen al sector formal (ensambladoras, importadores, concesionarios y vendedores de repuestos) que ya estaba regulado. A este sector que paga impuestos y genera empleos formales, se le fijan ahora los precios por debajo de costo, e ignorando las limitaciones de acceso a divisas oficiales y las ingentes presiones inflacionarias, se le bajan los precios de vehículos y repuestos a los niveles de febrero de 2013. Además la Ley impone severas sanciones económicas y penales que hacen poco viable la operatividad del ya deprimido sector automotriz cuyos niveles de producción y ventas son similares a los de 2003.
Según representantes del sector con esta nueva Ley, el sector automotriz sufrirá un régimen de operación mucho más severo del que se le impone a los sectores productor, importador y comercializador de bienes de primera necesidad.
Tristemente, la Ley tampoco trae buenas nuevas a los consumidores, a quienes presuntamente viene a defender la normativa de la supuesta especulación del sector. Si bien, el primer impacto puede fomentar en el consumidor la sensación de que los precios de los vehículos y repuestos están bajando, la realidad es que ello durará muy poco, pues ambos seguirán siendo bienes y productos escasos y, como tales, continuarán siendo bienes y productos costosos.
Mientras tanto, al igual que sucede con el sector alimenticio, la Ley deja absolutamente libre de restricciones al eslabón ¨no formal¨, ese que no paga impuestos de ningún tipo, no genera empleo formal ni da asistencia post venta al consumidor. Con ello mantiene abierta la puerta al mercado negro que tenderá a ser estimulado por la alta demanda y la poca oferta y, por ende, el valor especulativo de los vehículos y repuestos seguirá campeando.
Representantes del sector también advierten que se está creando una libreta de racionamiento de rango legal, con las denominadas listas de espera del Programa Venezuela Productiva Automotriz, que ofrece los modelos Turpial y Centauro de la empresa mixta Venirauto, y Arauca y Orinoco de la empresa ZGT Chery, conformada por el Estado y China. En la lista de espera van ya más de 420.000 venezolanos inscritos demandando un automóvil.
La ñapa es que otra vez, una legislación hecha a la medida del castrocomunismo no le asigna al Estado obligación alguna para crear condiciones necesarias para la inversión, productividad y desarrollo del país. Mientras, ordena que se baje la cuchilla que decapitará a otro sector productivo privado de Venezuela.
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